Los efectos positivos en el sistema penitenciario y desafíos de seguridad ciudadana que plantea la implementación de la Ley 18.216 sobre penas sustitutivas a la privación de libertad fueron abordados en seminario de Reinserción Social desarrollado en el edificio corporativo de la Caja de Compensación La Araucana de Concepción que convocó a profesionales de Gendarmería vinculados a la región del Bío Bío.

Altas autoridades de Gendarmería encabezadas por el sub director técnico nacional, Miguelangel Jiménez Segura y el Jefe de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, expusieron los detalles de una normativa que comenzará a regir en el transcurso de 2013, significándole al Estado un costo de implementación mayor a 50 millones de dólares, sumado a la contratación de 584 funcionarios a nivel nacional que serán operadores directos en la aplicación de la ley, previo fallo de los tribunales de justicia.

La responsabilidad –indicó el sub director técnico de Gendarmería- será de los 33 Centro de Reinserción Social que funcionan en el país y los profesionales del área psicosocial que deben conducir procesos de intervención, evaluación y seguimiento de los penados afectos a medidas sustitutivas como, trabajos comunitarios, libertad vigilada intensiva, reclusión en modalidad diurna, nocturna y parcial, expulsión de extranjeros que purgan condena en Chile y la novedosa intervención del brazalete electrónico como herramienta de control telemático.

“Un país sin memoria no puede avanzar hacia el futuro”, acotó Jiménez refiriéndose a la histórica inyección de dinero que tendrá el servicio, lo que implica la modernización del sistema, nuevos planes de intervención técnica y el esfuerzo conjunto del sector público con instituciones sin fines de lucro que actúan como facilitadores en la aplicación de medidas como los trabajos comunitarios.

El propósito –explicó- es racionalizar los recursos carcelarios para quienes en realidad constituyen un peligroso social y no a los que comenten delitos menores y pueden enmendar su conducta retribuyendo a la sociedad.

“Esta lógica mueve la presente estrategia de reinserción social e inspira el mecanismo de seguridad ciudadana que será puesta en vigencia en 2013, con el fin de frenar los niveles de reincidencia delictual”, selló la intervención mientras se refiere al posicionamiento que Gendarmería ha ganado en la política de pública del Gobierno.