La Contraloría General de la República derivó al Ministerio Público la denuncia contra el Ministro de Economía, Pablo Longueira, y el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, por el video sobre el terremoto del año 2010 que éste último entregó al secretario de estado.
En él quedaron registradas las conversaciones telefónicas del edil y de un carabinero, con la entonces presidenta Michelle Bachelet, cuando le informaban la magnitud del maremoto que arrasó con la Isla.
El jefe comunal entregó el video al titular de economía, quien -a su vez- lo proporcionó a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que busca establecer responsabilidades políticas por la reacción de las autoridades frente a la tragedia.
Hace unas semanas, el diputado demócrata cristiano Gabriel Silber hizo una presentación a la Contraloría, en la que acusa a Longueira y González de violar el artículo 175 del Código Penal, que obliga a las autoridades que tengan antecedentes sobre hechos que puedan constituir delito a ponerlos a disposición de la justicia en un plazo de 24 horas.
En su dictamen, el organismo ficalizador precisa que no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos que están en conocimiento del poder judicial, por lo cual remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Sin embargo, al mismo tiempo, asegura textualemnte que las circunstancias descritas por el diputado Silber “importan hechos que podrían significar la eventual configuración de un delito”.
