Una organización de derechos humanos de Arizona (suroeste de EEUU) denunció la “cultura de la crueldad” que impera en los centros de detención donde los inmigrantes son retenidos hasta su deportación, en un informe publicado el miércoles.

La mayoría de los entrevistados “describieron incidentes de maltrato físico, condiciones de detención inseguras e insalubres, negación de atención médica”, entre otros maltratos, según el grupo de protección de los inmigrantes No More Deaths (No más muertes), con sede en Tucson, cerca de la frontera con México.

Del verano de 2008 a la primavera de 2011, el grupo entrevistó a 12.895 personas que estuvieron bajo custodia de la patrulla fronteriza, entre ellos 268 niños de hasta 12 años.

De ellos, unas 3.000 personas dijeron que se les negó comida y cerca de 2.300 tuvieron poca o ninguna agua, de acuerdo al informe. Entre otros abusos que cita el organismo, cerca de 1.000 mujeres y 300 niños fueron repatriados durante la noche.

Según No More Deaths, “es claro que el maltrato y el abuso de personas bajo custodia de la patrulla fronteriza no son anomalías”, sino que “más bien reflejan la práctica común de autoridades que son parte de la agencia federal”.

El organismo detalla un total de “30.000 incidentes de abuso y maltrato” en el reporte titulado “Cultura de la crueldad: abuso e impunidad de la patrulla fronteriza estadounidense”, que fue presentado al Congreso y al Departamento de Seguridad Interior.

La oficina de la patrulla fronteriza de Tucson, contactada por AFP, declinó responder por el momento al informe.

Según la organización de defensa de los derechos civiles, que provee agua, alimento y cuidados médicos a los inmigrantes que cruzan el desierto, “el abuso en manos de la patrulla fronteriza se puede considerar como una consecuencia previsible de un clima político que marginaliza y criminaliza a comunidades inmigrantes”.

En el último año, tres estados (Alabama, Arizona y Georgia) han visto suspendidas polémicas leyes migratorias que, entre otras cosas, consideraban la inmigración ilegal como delito o permitían a las autoridades verificar el estatus migratorio de sospechosos detenidos por delitos menores.

En Estados Unidos viven cerca de 11 millones de indocumentados, la mayoría inmigrantes latinoamericanos.