El Consejo de la Magistratura argentino decidió el jueves dejar de pagar los salarios al suspendido juez Otilio Romano, encausado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983) y prófugo de la justicia de su país tras huir a Chile, informó una fuente judicial.
“En virtud de las particularidades del caso, teniendo en cuenta la intención evidente del doctor Romano a abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción, solicito que este Consejo de la Magistratura disponga con carácter de urgente la suspensión del pago de haberes”, dijo el titular de ese cuerpo, el juez Mario Fera, al convocar la reunión.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de acusar a los jueces en un proceso de destitución, que el 25 de agosto pasado suspendió a Romano e inició contra él un juicio político para expulsarlo de la judicatura.
Es la primera vez que un magistrado enviado a juicio político dejará de percibir su salario durante el tiempo que dure su suspensión, según la fuente.
Romano está encausado como “partícipe primario” en 103 casos de violaciones de los derechos humanos, entre desapariciones, secuestros, asesinatos y torturas, durante la última dictadura militar, época en la que se desempeñó como fiscal federal en la provincia Mendoza (oeste), limítrofe con Chile.
El juez suspendido fue declarado prófugo al no presentarse la semana pasada a una citación judicial.
Un día antes, Romero había viajado a Chile, donde recibió un visado de permanencia para ocho meses y solicitó refugio político.
En el momento de su suspensión, Romano integraba la Cámara Federal de Mendoza, una de las más altas instancias judiciales del distrito, que presidió durante varios años.
Un fiscal argentino presentó ante el juez Walter Bento un pedido de captura internacional contra Romano, que aún no ha sido resuelto por el magistrado.
