La Fiscalía General de Bolivia solicitó a la Corte Suprema de Justicia de 25 a 30 años de cárcel para dos ex ministros y cinco ex jefes militares involucrados en una matanza de civiles en octubre de 2003, informó este lunes una fuente oficial.
El fiscal Mario Uribe formalizó este lunes su solicitud en la ciudad de Sucre (sudeste), sede del Poder Judicial, en el marco del juicio de responsabilidades que se sigue desde 2004 al ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus colaboradores por la muerte de 65 civiles y las lesiones a unas 500 personas en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
“El Ministerio Público ha demostrado categórica y contundentemente, con pruebas que se han introducido, la existencia de los hechos acusados, la participación y las responsabilidades en esos hechos de todos los acusados presentes”, dijo el fiscal a periodistas en Sucre.
Los delitos son “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves”.
Los acusados son los ex ministros Erick Reyes Villa (Desarrollo Sostenible) y Adalberto Kuajara (Trabajo) y cinco jerarcas militares, que -según la acusación- tienen responsabilidades en la violencia ejercida contra la revuelta popular.
Los uniformados son Roberto Claros (ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas), Gonzalo Rocabado (ex jefe del Estado Mayor General), Juan Véliz (ex comandante del Ejército), Alberto Aranda (ex jefe de la Marina) y Oswaldo Quiroga (ex jefe de la Fuerza Aérea).
Para los civiles, Uribe pidió “30 años” y para los uniformados “25″. La Corte Suprema de Justicia deberá aprobar la solicitud.
En octubre de 2003 miles de vecinos pobres de la ciudad de El Alto se sublevaron con cortes de ruta en contra de la intención de Sánchez de Lozada de exportar gas natural a Estados Unidos en buques metaneros, usando puertos chilenos sobre el océano Pacífico, como puntos de embarque.
Los vecinos consideraron que el recurso energético terminaría beneficiando a Chile y que sería una traición al centenario reclamo de una salida soberana al mar.
Tras las revueltas, Sánchez de Lozada dimitió y huyó con sus más estrechos ministros a Estados Unidos.
Bolivia ya pidió la extradición del ex gobernante, un trámite en curso en el Departamento de Estado.