Esquina Rengo con Barros Arana en Concepción | Andrea Orellana (CC)
Una investigación reveló que la presión ejercida por opositores a las mejoras de emergencia decretadas en las leyes chilenas de construcción, permitió retrasar la normativa lo suficiente para ingresar decenas de proyectos cuyo diseño no garantiza su resistencia ante un sismo superior a 8 grados, como fue el movimiento que asoló nuestro país el 27 de febrero de 2010.
El reportaje, publicado por el portal Ciper Chile, establece que en junio del año pasado, la ministra de Vivienda Magdalena Matte llamó a un consejo asesor para generar “modificaciones de emergencia” a las normas de construcción vigentes, en consideración a que en Santiago casi un 15% de las edificaciones de 15 ó más pisos sufrieron daños, porcentaje que se eleva al 20% en Concepción, con 11 edificios clausurados por inhabitabilidad.
Más aún, la preocupación de cartera se vuelca el norte de nuestro país, especialmente en ciudades como Arica, Iquique o La Serena, núcleos urbanos cuya cercanía con el mar y densidad de suelo similar a la zona centro-sur, podrían augurar resultados catastróficos en caso de un movimiento de gran intensidad, como el que se espera en base al “silencio sísmico” que ha mostrado durante los últimos años.
Así, un sobconsejo de 16 expertos abocados a la modificación de las normas chilenas de diseño sísmico y cálculo de hormigón (NCh 433 y NCh 430), tardaron apenas 2 meses en emitir sus recomendaciones, las que mejoraban la legislación en dos puntos críticos: un sistema más estricto de evaluación de suelos y el engrosamiento de muros de hormigón, exigiendo “amarras” con ganchos o estribos para evitar que cedan o se partan.
“No se puede pretender hacer edificios de 30 pisos con muritos de 20 centímetros de espesor y que resistan un terremoto. Hay que ensancharlos y colocar amarras en los bordes (de las armaduras del concreto) que permitan mantenerlos estables”, aseguró a Ciper Chile Patricio Bonelli, profesor del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Federico Santa María y secretario técnico del subconsejo que revisó las normas.
Sin embargo, rápidamente surgieron opositores a los cambios al interior del propio subconsejo, quienes juzgaron las mejoras en la normativa como “exageradas e impracticables”, además de considerar que las exigencias encarecerían entre un 3.5% y 4% las construcciones, afectando el mercado e impactando negativamente en el empleo.
Estas fueron las posturas de los calculistas Rodrigo Mujica, socio de VMB Ingeniería Estructural, y de Gonzalo Santolaya, de la empresa Santolaya Ingenieros Consultores, los que hicieron llegar hasta el presidente Sebastián Piñera sus críticas, logrando que la promulgación del decreto se estancara más de 3 meses, siendo finalmente puestos en rigor recién este 14 de febrero.
“En el Ministerio de Vivienda no ha existido la voluntad de volver atrás y al Presidente creemos haber llegado con nuestras críticas gracias a gente cercana a él. Probablemente sea ese uno de los motivos por el que los decretos se demoraron tanto en ser firmados”, reconoció Santolaya.
La investigación periodística detectó que, en el intertanto, la cantidad de proyectos ingresados en las direcciones de obras municipales de algunos municipios se duplicaron o incluso triplicaron, como es el caso de Providencia, donde de 3 proyectos de torres presentados en igual periodo de 2010 se pasó a 12 (un incremento de 300%). Todas estas construcciones se realizarán bajo la antigua normativa de construcción.
Sin embargo, el lobby no quedó sólo en el gobierno, ya que desde la oposición el senador Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Vivienda del Senado y miembro del Consejo Asesor para la Reconstrucción, reconoció haberse reunido en septiembre con representantes de empresas inmobiliarias, tras lo cual lanzó críticas a la Ministra de Vivienda por las nuevas normativas:
“Yo dejé constancia de mi objeción a esta norma en las actas del consejo y luego de una reunión con algunos ingenieros, en la que compartí su opinión, conversé con la ministra y sus asesores, pero ellos han persistido en esto”, dijo Letelier.
En tanto, el diputado PDD Patricio Hales concuerda en que se realicen mejoras a las leyes de construcción vigentes, pero le preocupa que no se hayan realizado estudios en los edificios dañados para descubrir las verdaderas razones de sus colapsos.
“Se están cambiando las normas y tal vez no fueron las normas las que fallaron. Quizás fallaron las constructoras que no respetaron esas normas, quizás fallaron los cálculos estructurales, quizás falló el diseño arquitectónico o los materiales no eran de la calidad adecuada. Estamos haciendo un cambio a ciegas”, afirmó.
“¿A quién se protege cuando el ministerio decide no hacer los estudios de edificios dañados? ¿A las constructoras, a las inmobiliarias?”, concluyó Hales.
