El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le solicita una rendición de cuentas a México sobre la participación de niños en la llamada “guerra del narco”, indica un dictamen a cuyo contenido accedió la AFP, que será publicado el próximo lunes en Ginebra.

México “carece de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados, y por lo tanto no ha tomado medidas para impedir el reclutamiento”, señala el Comité, compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención internacional en la materia.

Un colectivo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunció ante este Comité, que entre 25.000 y 30.000 adolescentes habrían sido forzados a colaborar con los carteles de la droga, y que otros mil fueron asesinados en el contexto de la represión del narcotráfico, que se ha cobrado 35 mil víctimas desde diciembre de 2006 a la fecha.

La ONU le pide a México “que adopte las medidas necesarias para garantizar que no haya niños reclutados por grupos no estatales”, que haya una ley que lo penalice, y requiere “la identificación y seguimiento de los diversos grupos armados en el país, incluidos los grupos paramilitares, la delincuencia organizada y las empresas de seguridad”.

Al mismo tiempo la ONU le recomienda a México que “mejore el sistema de recogida de datos y análisis sobre el reclutamiento voluntario y el reclutamiento obligatorio por las fuerzas armadas y en las escuelas militares”.

La Convención autoriza la edad de 18 años para ingresar al servicio militar, admitiendo la posibilidad de hacerlo desde los 16 años si el adolescente da su consentimiento y obtiene la aprobación de su padre o tutor, una eventualidad que la ONU sin embargo desaconseja a los Estados.

En su comparecencia ante este Comité, el gobierno mexicano aseguró respetar esas normas, pero las ONGs revelaron un “incremento de las acciones del Ejército mexicano de promoción para la incorporación temprana de adolescentes en comunidades rurales altamente excluidas socialmente”, donde “ha crecido el servicio militar anticipado para adolescentes de 15 a 17 años de edad”.

El Comité exige “que los niños en las escuelas militares no participan en la búsqueda o la destrucción de drogas ilegales o de cualquier otra forma de participar en la lucha contra el narcotrafico”, que sean considerados “como civiles hasta que cumplan los 18 años”, y que su formación sea supervisada por el Ministerio de Educación.

Las ONGs comunicaron al Comité tener documentado que en 2009 alumnos de escuelas militares de 15 a 17 años de edad “fueron llevados a cumplir con acciones de erradicación de cultivos de marijuana”, en Michoacan, y que “se está involucrando a los estudiantes de las escuelas militares que suman cerca de 5000 adolescentes”, pero el gobierno mexicano no lo confirmó.

En ese contexto, el Comité exhorta a México a que “los niños en las escuelas militares” que tuvieron problemas con la ley sean tratados por tribunales civiles, que no sean sometidos a “castigos corporales y otras formas crueles y degradantes”, y que tengan “un acceso adecuado a las denuncias independientes y mecanismos de investigación”.

La ONU espera de México le notifique “sobre el número de niños detenidos, heridos o muertos en la lucha de las fuerzas del ejercito y la policía contra la delincuencia organizada”, que se investiguen los delitos “contra los niños”, y que sus autores sean “procesados y castigados”.