La senadora colombiana Piedad Córdoba atribuyó el lunes a “una muestra más de la persecución política” en su contra, la decisión de la Procuraduría de destituirla e impedirle participar en política por 18 años acusándola de colaborar con las FARC.

“Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético (…) es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años”, aseguró la congresista en un comunicado.

La resolución contra la legisladora puede ser apelada y aún está pendiente de ratificación por parte de una instancia superior.

Según un comunicado, la Procuraduría, “logró establecer que en el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario” para la liberación de rehenes.

Además de acusarla de velar por los intereses del grupo subversivo, con arengas y declaraciones públicas, la Procuraduría dijo que la congresista “instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países”.

Córdoba, senadora por el Partido Liberal, agregó que miembros de la Procuraduría le han manifestado “en secreto” “que no hay prueba fáctica ni en derecho y estos se han visto presionados para actuar en contra de su propia conciencia contra mí”.

En agosto de 2007, el ex presidente Alvaro Uribe nombró a la senadora y al mandatario venezolano Hugo Chávez como mediadores para un posible canje humanitario de rehenes de las FARC por guerrilleros presos. Sin embargo, el propio gobernante colombiano puso fin a esa mediación meses más tarde.

La investigación a Córdoba se basó en documentos hallados en un computador del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en un ataque de las fuerzas militares colombianas a su campamento en territorio ecuatoriano en 2008.