Continúan las reacciones políticas por las propuestas de indulto hechas por la Iglesia Católica, a la que se sumó hoy la que hizo la Iglesia Evangélica al Gobierno. Mientras en el Gobierno y el oficialismo afirman que las iniciativas se deben analizar con el espíritu abierto, el ex ministro Enrique Correa sostuvo que no corresponde mezclar con una idea de indulto materias de derechos humanos.
El ex ministro del Gobierno de Patricio Aylwin, Enrique Correa, afirmó que no está de acuerdo con la idea de indultos generales.
Esto más allá de analizar el texto que presentaron la Iglesia Católica y hoy la Evangélica, pero subrayó que no se puede colocar en el mismo nivel a quienes cometieron graves delitos contra los derechos humanos.
En La Moneda, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, reiteró los conceptos que moverán al Ejecutivo al estudiar la iniciativa de la Iglesia, que es entregar un beneficio en un año especial como este cuando se cumple el Bicentenario del país, pero además teniendo en cuenta la seguridad ciudadana.
Similar postura expresó la senadora de Renovación Nacional, Lily Pérez, quien afirmó que luego de trabajar durante años con el Presidente Sebastián Piñera, está segura que su interés será velar por la justicia, pero también accediendo a los conceptos que puso la iglesia en su propuesta.
Mientras en la UDI el presidente de la colectividad, Juan Antonio Coloma, indicó que este tipo de gestos como un indulto por el Bicentenario, necesita de acuerdos máximos.
Al reiterar que en general no están de acuerdo con estos beneficios, el dirigente político dijo que de igual forma es necesario tener el espíritu abierto sin perder el norte de la seguridad ciudadana.
Coloma sostuvo que no se puede colocar las normas y condiciones para un indulto antes de conocer y debatir las propuestas de las iglesias Católica y Evangélica, aunque afirmó que se precisa una discusión lo más amplia posible.
Con esto se mostró a favor de un proyecto de ley de indulto que sancione el Congreso a diferencia de que el beneficio sea otorgado por el Presidente de la República en base a sus atribuciones.
