Los indígenas en Brasil siguen siendo víctimas de persecución policial, abusos y falta de asistencia médica, así como de los efectos devastadores de obras públicas como la hidroeléctrica Belo Monte, denunció este viernes un informe del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).
En un reporte sobre la Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil en 2009, el Cimi, un organismo vinculado a la Confederación Nacional de los Obispos en Brasil, denuncia casos de violencia contra indígenas relacionados frecuentemente con “conflictos por tierra”.
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Según este organismo, se registraron 60 asesinatos de indígenas en Brasil en 2009, 54% de ellos en el estado de Mato Grosso do Sul, que desde 2005 encabeza la lista de homicidios de indígenas entre los diferentes distritos del país.
El informe destaca que existe “racismo institucional en Mato Grosso do Sul”, según un comunicado del Cimi que presenta los principales puntos del reporte, que denuncia asimismo en ese distrito las “invasiones de tierras (indígenas) por grandes propietarios”.
Según el Cimi, “en 2009 fueron registrados 133 casos de violencia provocados por la omisión del poder público” y entre ellos destaca “el gran número de muertes por falta de asistencia sanitaria, 41 en total”, la mayoría (22) también en Mato Grosso do Sul.
El organismo también denuncia que es “alarmante” el índice de desnutrición entre comunidades indígenas del país, que incluso derivó en muertes de niños por bajo peso.
El comunicado denuncia además los “daños causados por los grandes proyectos del gobierno federal” que “impactan territorios indígenas y afectan la vida de diversos pueblos, inclusive aquellos que tienen poco o ningún contacto con la sociedad”.
En particular, se refiere a la polémica y gigantesca represa de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará, que será la tercera más grande del mundo y obligará al desplazamiento de comunidades indígenas enteras.
“El proyecto presentado por el gobierno como fuente de desarrollo, en verdad, traerá consecuencias desastrosas e irreversibles para el medioambiente y a las comunidades de la región”, expresa.
El informe alerta asimismo sobre un “creciente proceso de criminalización de los líderes (indígenas) y una intensificación de acciones contra los indígenas y sus luchas en diversos estados del país”.
En particular denuncia la captura en junio de 2009 de cinco indígenas de la comunidad Tupinambá, en el nordestino estado de Bahía, por parte de la Policía Federal. “Durante la acción fueron esposados, inmovilizados en el piso y recibieron fuertes dosis de (…) gas pimienta en los ojos”. Además “tres de ellos recibieron choques eléctricos en la región dorsal y genital”, añade.
Según el Cimi, “esas agresiones (…) tenían por objetivo intimidar a los indígenas para que salieran de la tierra que tradicionalmente ocupan”.
