La oposición de derecha y los gobiernos regionales que dirige siguen resistiéndose a la ley que despenaliza el aborto en España, que entró en vigor el lunes, así como la iglesia católica, fuertemente opuesta a la reforma.

Los gobiernos regionales de Madrid, Murcia, Galicia y Navarra, presididos por el Partido Popular (PP, oposición de derecha) amenazaron con obstaculizar la aplicación de esta ley, que introduce por primera vez en España la noción de interrupción voluntaria del embarazo.

El presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo que no hay “ninguna razón” de aplicar la ley mientras el Tribunal Constitucional, ante el cual recurrió la oposición, no se pronuncie al respecto.

Esta “rebelión”, que acapara los principales titulares de la prensa española, está indirectamente apoyada por la poderosa y conservadora iglesia católica española, según la cual la ley es “incompatible con la conciencia moral católica” y deja la vida humana “sin protección”.

Las mujeres en España pueden ahora abortar libremente hasta las 14 semanas de embarazo y hasta las 22 semanas en caso de “riesgo para la salud” de la madre y/o en caso de “graves anomalías del feto”.

La ley anterior sólo autorizaba el aborto en caso de violación (hasta 12 semanas de embarazo), de malformaciones del feto (22 semanas) o en caso de “peligro para la salud física o psíquica de la madre”, sin limitaciones de tiempo.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por el PP, que considera la ley contraria al artículo 15 de la Constitución, que reconoce que “todos tienen derecho a la vida”.

Según El País del martes, el Tribunal no deberá suspender la ley, como espera la oposición, y deberá ser finalmente aprobada, como el matrimonio de homosexuales hace cinco años en España.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó que esta ley debe aplicarse en el país “como todas las leyes en un Estado de derecho”.