Contraloría frena nombramiento en Monumentos: autoridad se inhabilitó y luego designó a cercano

La Contraloría General de la República resolvió representar o en palabras simples objetar por ilegal el nombramiento de la secretaría técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, tras detectar una secuencia que compromete directamente el principio de probidad administrativa en el proceso de selección.

El oficio firmado por la contralora Dorothy Pérez es categórico: el acto administrativo “no se ajusta a derecho”. El documento revisa el proceso completo que culminó con la designación de Karla Fischer Román en un cargo directivo de tercer nivel jerárquico del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT), y detecta una inconsistencia clave en la conducta de quien terminó firmando la resolución.

Todo se remonta al propio concurso público. En el acta del comité de selección, de fecha 14 de noviembre de 2025, consta que uno de sus integrantes, Diego Montecinos Fernández, solicitó expresamente inhabilitarse de participar en la etapa de entrevistas. ¿La razón? Él mismo reconoció que mantenía cercanía con los postulantes que avanzaron en el proceso.

Ese antecedente no es menor. La abstención, en este tipo de procedimientos, busca precisamente resguardar la imparcialidad en decisiones donde existe riesgo de conflicto de interés, según se revisa en el mismo informe y que analizó Radio Bío Bío. Sin embargo, lo que para Contraloría resulta determinante es lo que ocurrió después.

Meses más tarde, ya en calidad de director nacional subrogante del SERPAT, el mismo Montecinos Fernández suscribió la resolución que designó a la candidata finalmente seleccionada. Es decir, quien previamente se había restado del proceso por su cercanía con los postulantes, terminó adoptando la decisión final del concurso.

Para el órgano contralor, la contradicción es evidente. La normativa es clara: tanto la ley N° 18.575 como la ley N° 19.880 establecen el deber de abstención cuando existan circunstancias que puedan restar imparcialidad. Y la propia jurisprudencia administrativa ha sostenido que este deber se extiende incluso frente a conflictos de interés potenciales.

En ese contexto, el dictamen concluye que la autoridad “debió abstenerse de resolver la materia y suscribir el acto”, precisamente porque la cercanía reconocida en etapas previas no desaparece en la decisión final, sino que se vuelve aún más relevante. La firma del nombramiento, entonces, se produce en un escenario que —según Contraloría— ponía en riesgo la imparcialidad del proceso.

Pero ese no fue el único reparo

El organismo también cuestionó la forma en que se intentó hacer efectivo el nombramiento. La resolución establecía que la persona designada asumiría funciones de manera inmediata, el mismo día en que el acto fue enviado a Contraloría para su toma de razón. Es decir, antes de que se completara el control de legalidad obligatorio.

La justificación invocada por el servicio fue genérica: la necesidad de “no alterar la buena marcha del servicio”. Sin embargo, el ente fiscalizador advierte que esa fórmula no explica ni acredita por qué era indispensable anticipar los efectos del nombramiento sin esperar la revisión de juridicidad.

El punto es crítico. La Contraloría recuerda que este tipo de decisiones —que alteran el procedimiento regular de los actos administrativos— exige una motivación reforzada, precisamente por su carácter excepcional. De lo contrario, se abre la puerta a decisiones arbitrarias, contrarias al principio de juridicidad.

No cumplió

Con estos antecedentes, la Contraloría optó por representar íntegramente la resolución: el nombramiento queda objetado por vicios de legalidad que cruzan todo el proceso, desde la conducta de la autoridad que firma hasta la falta de fundamentos en la ejecución del acto.

Ministerio de las Culturas

Radio Bío Bío se contactó con el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, para conocer su postura al respecto.

Undurraga respondió que “de acuerdo a la información que manejamos, nos da la razón en relación a los argumentos que nosotros habíamos solicitado a la Contraloría para tomar el conocimiento y no dar por cursado el nombramiento. Con lo cual llamaremos a nuevo concurso para poder agilizar y mantener el accionar que el Consejo de Monumentos requiere para este periodo durante este ministerio”.