Felipe Camiroaga y la responsabilidad de comunicar

Últimamente he pensado mucho en Felipe. Y sé que no debo ser la única. No entendía bien por qué, hasta que leí al cardenal Chomalí referirse a la tragedia ocurrida en un colegio de Calama. Con mucha claridad dijo: “Si los jóvenes ven que en el Senado y en la televisión se tratan mal, que se insultan, eso se replica”. Esa frase me hizo sentido inmediato.

Felipe Camiroaga fue, en su momento, una de las figuras más queridas y transversales de Chile. No solo por su presencia en televisión, sino por algo más difícil de construir: credibilidad.

En un país diverso y muchas veces dividido, logró algo poco común: generar cercanía sin necesidad de confrontación. Y eso no es menor. Porque cuando una persona alcanza ese nivel de conexión con la ciudadanía, también adquiere un tipo de influencia que va más allá de su rol formal.

Lo relevante no es solo cuánto poder tenía, sino cómo lo ejercía. Felipe pudo haber optado por un camino distinto: uno más estridente, más confrontacional, más rentable en términos de atención. Pudo haber usado su visibilidad para instalar polémicas, para dividir, para amplificar el conflicto. Pero no lo hizo.

Eligió, en cambio, un estilo que hoy parece escaso: uno que no necesitaba enemigos para sostenerse. No promovía la sospecha entre personas, no construía su discurso desde la descalificación del otro, no incentivaba la lógica de “ellos contra nosotros”.

Y eso, en el contexto actual, adquiere aún más valor. Porque hoy, muchas veces, pareciera que ocurre lo contrario.

El incentivo está en generar conflicto, en amplificar diferencias, en tensionar al máximo las posiciones. La lógica del algoritmo, de la inmediatez y de la exposición permanente ha ido empujando —no solo a la política, también a los medios— hacia formas de comunicación donde el matiz pierde espacio frente a la confrontación. Y eso tiene consecuencias.

Tal como advertía el cardenal Chomalí, la forma en que hablamos desde espacios de poder —ya sea en el Congreso o en la televisión— no queda ahí. Se replica. Se normaliza. Se expande.

Por eso he pensado tanto en Felipe. No desde la nostalgia, sino desde la pregunta por el presente. ¿Qué tipo de comunicación estamos validando hoy? ¿Qué incentivos estamos reforzando? ¿Qué consecuencias estamos dispuestos a asumir? Y, sobre todo, ¿qué responsabilidad tenemos quienes ocupamos espacios de visibilidad? Me hago esa pregunta también en lo personal.

Fui autora de una frase profundamente equivocada, que hasta hoy me avergüenza. No la repetiré, porque significaría revivir una ofensa que causó daño. Me disculpé en su momento —con la familia afectada, con su entorno político y con mi propia familia— y sigo haciéndome cargo de ese error.

Esa experiencia me obligó a entender algo que hoy considero básico: el lenguaje no es inocuo. Las palabras tienen consecuencias, incluso cuando uno no dimensiona su alcance en el momento en que las dice. Desde entonces, he intentado ejercer mi rol de manera distinta. No siempre de forma perfecta, pero sí con un esfuerzo consciente por separar la crítica legítima de la descalificación personal, por no reducir al otro a su posición política, por cuidar el tono incluso en el desacuerdo.

Eso no siempre se ve. Porque lo que más circula —y lo que más se premia— es precisamente lo contrario.

No escribo esto desde una supuesta superioridad moral. Sigo aprendiendo. Como muchos, también he tenido que cuestionar la idea de que hay que opinar de todo, todo el tiempo, y que el silencio equivale a desaparecer. No es así.

A veces, comunicar mejor también implica hablar menos, pero con mayor responsabilidad. Por eso, más que una crítica, esto es una invitación. A mis colegas del Congreso, a quienes trabajan en medios de comunicación, y a todos quienes tenemos algún nivel de influencia pública: preguntémonos cómo estamos usando ese espacio. Porque, al final, las consecuencias de nuestras palabras no las pagamos nosotros. Las paga la convivencia social. Las paga el país.