Defensores de los derechos humanos condenaron el viernes la decisión de la Corte Suprema de Brasil de confirmar una amnistía para los represores de la dictadura (1964-85) y acusaron a sus jueces de “sepultar el período más oscuro” de la historia del país.
La ONG Amnistía Internacional emitió un comunidado “condenando” la decisión de la corte, que consideró “una afrenta a la memoria de miles que fueron asesinados, torturados y violados por el Estado”.
“Al contrario de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, Brasil no ha llevado ante la justicia a los acusados de grandes violaciones a los derechos humanos”, señaló.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió la noche del jueves por 7 votos a 2 que la Ley de Amnistía de 1979, que beneficiaba a los perseguidos políticos, también lo hacía a los represores de la dictadura, y rechazó el pedido de la Orden de Abogados de Brasil (OAB, gremio nacional) para que dejara fuera a quienes cometieron violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones.
“Lo que ocurrió en el período más oscuro de nuestra historia continuará sepultado”, denunció el presidente del gremio de abogados, Ophir Cavalcante.
La OAB estimó que la decisión del STF “es un retroceso en relación con la Constitución y las convenciones internacionales que indican, muy claramente, que la tortura no es un delito político, sino un crimen de lesa humanidad que no prescribe” ni es amnistiable.
La ley de 1979, aprobada en plena dictadura, amnistió “crímenes políticos y conexos”, una ambigüedad que en Brasil fue interpretada como un perdón extendido a los delitos del régimen.
“Esa decisión es una apuesta por la impunidad que persiste y sigue alimentando la violencia en Brasil, y además frustra el derecho a la verdad; para nosotros era vital juzgar a los represores, porque solo así conoceríamos cómo y quién mató”, declaró a la AFP Vitoria Grabois, hermana y esposa de víctimas de la dictadura y vicepresidenta de la ONG Tortura Nunca Mais.
Para Grabois, “sólo conoceremos la historia de Brasil si ellos la cuentan”.
El tema levantaba ampollas en el país, con una oposición frontal de los militares y posiciones encontradas en el Congreso y en el gobierno izquierdista que acoge a ex guerrilleros y ex militantes contra la dictadura.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que también sufrió prisión bajo la dictadura, ha evitado la polémica y ha dicho que lo más importante “no es sancionar a los militares, sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos”.
Incluso el juez Eros Grau, que defendió en el STF la postura de incluir a los torturadores en la amnistía, fue preso político y víctima de torturas.
En Brasil, el Estado reconoce 400 desaparecidos y muertos de la dictadura, además de miles de torturados y lisiados por el régimen.
El gobierno ha anunciado su intención de crear una “Comisión de la Verdad” para investigar ese período.
La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, denunció en una visita al país a final de 2009 que “Brasil es el único país de Sudamérica que no adoptó medidas para enfrentar los abusos cometidos durante el período del régimen militar” e insistió en que “la tortura es un crimen contra la humanidad y no puede quedar impune”.
La decisión brasileña coincide con una pesada polémica en España, donde el juez Baltasar Garzón (conocido por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet) enfrenta un juicio por iniciar una investigación, en 2008, sobre unos 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y los primeros años del franquismo. Una la ley de 1977 amnistió en España los delitos cometidos en la época.