El senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, definió su postura respecto del proyecto de reforma constitucional que creará una Defensoría Penal Pública con carácter de autónoma, y que comenzó a ser estudiado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

RN.cl
“No estoy dispuesto en avanzar en normas que den autonomía a la Defensoría de los autores de delitos, mientras el Parlamento no apruebe el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas que fue despachado hace más de dos años por el Senado y que la Cámara de Diputados tiene paralizado”, dijo a Senado.cl.
El senador RN se mostró dispuesto a estudiar la iniciativa, considerando que es fundamental que ella venga aparejada de la creación de la Defensoría de las Víctimas.
“A mi juicio aquí hay una situación dispar porque hoy día quienes cometen delitos tienen defensoría, porque el Estado gasta plata en defenderlos, en cambio los que son víctimas de los delitos no tienen defensoría y hoy estamos discutiendo si le vamos a dar autonomía económica al organismo que defiende a los autores de delitos, pero los que son víctimas ni siquiera tienen la posibilidad de tener un abogado pagado por el Estado”, declaró.
Alberto Espina añadió que “mientras el proyecto de Defensoría de las Víctimas no se despache, yo por lo menos voy a votar en contra del proyecto de autonomía y rango constitucional de la Defensoría de autores de los delitos, porque creo que es mucho más importante tener abogados para quien es víctima del delito”.
Finalmente, el senador afirmó que no es función de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público defender los derechos de las víctimas, sino que es representar al Estado frente a un delito que se comete.
Según la senadora Soledad Alvear, presidente de la citada instancia legislativa y autora del proyecto, la iniciativa está cumpliendo su primer trámite, y expresó al sitio web oficial del Senado que “hubo una opinión favorable de esta iniciativa y quedamos invitar al Ministro de Justicia y a la Defensora para que nos pueda dar a conocer cuales son los elementos que ella ha pensado para una Ley Orgánica de una Defensoría autónoma”.
El proyecto de reforma constitucional señala que “existirá una Defensoría Penal Pública, autónoma y con personalidad jurídica, encargada de proporcionar defensa penal a los imputados o acusados que carezcan de abogado, en la forma prevista por la ley”. Será una ley orgánica constitucional la que determinará su organización y atribuciones.