Un total de 305.957 personas se declararon víctimas del conflicto armado interno colombiano y aspiran a ser reparadas económicamente por el Estado, al concluir este jueves el plazo estipulado para la inscripción, dijeron fuentes oficiales.
Conflicto armado | El Tiempo
Sin embargo ONG de derechos humanos advirtieron que hay un subregistro superior al 60% de personas afectadas que no han solicitado la reparación.
“Los cálculos estaban en 210.000 víctimas y ya vamos por 300.000″, dijo al diario El Tiempo Diego Molano, director del programa de Acción Social de la Presidencia de la República.
Según cifras del programa, la mayoría de las víctimas registradas buscan ser reparadas por homicidio (de alguno de sus familiares), en tanto que el segundo delito más denunciado es la desaparición forzada. Otras 10.000 personas reclamaron como víctimas de secuestro.
De acuerdo con el reporte, el tope máximo de indemnización es de 20 millones de pesos (10.000 dólares) para los delitos más graves. Así, si todas las personas registradas son acreditadas como víctimas, la cifra total de reparación superaría los seis billones de pesos (cerca de 3.000 millones de dólares).
Sin embargo, voceros de ONG de derechos humanos como la Comisión Nacional de Reparación (CNRR) y la Fundación Nuevo Arco Iris, advirtieron en declaraciones que muchas de las víctimas se quedarán por fuera.
“Las (guerrillas de las) FARC y el ELN siguen actuando y dejando más personas afectadas. Por eso hay que ampliar los plazos hasta donde sea posible, hasta que se cierre el ciclo de violencia”, declaró Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, integrada por representantes del gobierno y organismos de derechos humanos.
La Fundación Nuevo Arco Iris, que estudia el fenómeno del conflicto armado, dijo que se presenta un subregistro superior al 60% de personas que han sido afectadas por los grupos armados ilegales y que no han llegado a pedir ese tipo de reparación.
Al respecto señaló que departamentos (provincias) fuertemente golpeados por la violencia registran niveles mínimos de reclamos de víctimas, como en los casos de Arauca (este), donde van 4.000 personas inscritas; Caquetá (sur), que tiene 6.200; Chocó, menos de 3.000 y Putumayo con 6.981.
Sólo en Putumayo, agregó la Fundación, los homicidios atribuidos a los grupos paramilitares de extrema derecha pasan de 5.000, sin contar los delitos de las guerrillas.
