Con suspensión condicional del procedimiento culminó la formalización de la jueza del primer Juzgado Civil de Rancagua, quien había sido imputada por el Ministerio Público por el delito de prevaricación culposa ante hechos ocurridos el año 2005, donde la magistrado había ejecutado sentencia en contra de una empresa sin contar con pruebas establecidas.

En su oportunidad el demandado apeló a la Corte de Apelaciones la que rechazó el fallo de la jueza, llamando la atención de la magistrado por esta situación. Este escenario significaría que ella ya no pertenecería al Poder Judicial, al aceptar esta salida alternativa, tal como lo señala el fiscal jefe de Rancagua, Luis Toledo.

Para esta suspensión el Ministerio Público señaló que la jueza debe fijar un domicilio durante 3 años, también no ser requerida ni condenada por crímenes o simples delitos, como así mismo al estar cumpliendo los requisitos legales para jubilar, por lo cual debe acogerse a este derecho antes del mes de diciembre del año 2010.