La comisión Mixta del Congreso decidió este viernes que se permita al Ministerio Público solicitar a las concesionarias de servicio público telefónico, sin autorización judicial previa, datos sobre el tráfico de llamados de sus clientes, con el objetivo de combatir las estafas telefónicas.

Fuente: Agencia UPI

La iniciativa establece que dichas empresas deberán conservar, a lo menos por 1 año, los datos de registros de llamadas de sus usuarios. La negativa a la entrega de la información requerida será considerada como constitutiva del delito de desacato.

La disposición se adoptó durante el trámite del proyecto que regula le tenencia y extravío de equipos y tarjetas de telefonía móvil, que será votado en la Sala del Senado el próximo martes.