“Diez y media es el banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas. Pero intendencia se dará cuenta de quiénes van y quiénes no van. Ese fue el mensaje. Gracias, yo no puedo ir, porque no debo ir. Pero ustedes sí”.
Con esas palabras, la gobernadora de Itata, Rossana Yáñez (Evópoli), quedó en medio la polémica ayer miércoles. Mediante un audio de WhatsApp, que envió a funcionarios públicos de la región de Ñuble durante la mañana del pasado jueves, realizó un llamado y amenazó a trabajadores para que participaran en una manifestación por el Rechazo que se realizó el sábado pasado en Chillán.
Y consultada por BioBioChile sobre la acción, se hizo la desentendida. “No sé de lo que me está hablando, no entiendo porque no tengo nada que ver con esas actividades”.
Sin embargo, la filtración de sus declaraciones desataron una tormenta a nivel local. “Hemos pedido a los abogados del PPD que a la brevedad posible presenten una denuncia ante la Contraloría Regional y solicitando, incluso, la destitución. Me he comunicado con el Ministro del Interior hoy (miércoles) en la tarde, le he mandado el audio, le he manifestado que esto es muy grave y me ha señalado que va a iniciar algunas acciones para determinar algunas responsabilidades”, anunció el senador Felipe Harboe (PPD), representante de esa zona, en conversación con La Discusión.
Y no es la primera vez que el parlamentario objeta el actuar de Yáñez. A mediados de 2019, la denunció por intervencionismo en un anuncio sobre infraestructura pública para la zona, donde sólo hizo parte de las actividades a concejales afines, pero sin la presencia de alcaldes opositores, lo que el congresista acusó como discriminatorio.
A la pugna se sumó luego la diputada local, Loreto Carvajal (PPD): “He solicitado formalmente la renuncia a la gobernadora de Itata, Rossana Yáñez, quien (…) pasó por alto la orden de prescindencia impuesta por La Moneda”.
Contraloría a la cancha
Pero a los reclamos en la arena política también se sumaron los cuestionamientos administrativos. Durante la tarde del miércoles, Contraloría General de la República (CGR) anunció que -a raíz de una denuncia en su portal- inició una investigación respecto al polémico audio, que “reflejaría irregularidades con recursos públicos, relacionado a campaña por una opción del Plebiscito”.
Más temprano, ante repetidas consultas de usuarios en Twitter, la entidad salió a recordar que “autoridades/funcionarios NO pueden coercionar o generar incentivos para participar en campañas políticas”.
“Tampoco instituciones, como intendencias, pueden tener algún tipo de control respecto a qué funcionarios participan o no respecto a una u otra opción del plebiscito”, añadió CGR mediante la misma vía.
Con todo, no es la primera vez que la contienda constitucional asoma en Ñuble. En febrero pasado, a dos meses de haber asumido el cargo, el Seremi de Energía de Ñuble, Manuel Cofré (RN), se lanzó en campaña por el Rechazo.
Y si bien en términos administrativos es libre de hacerlo, pasó por alto la petición de Palacio que solicitó encarecidamente mantenerse al margen de cualquier postura. También dejó de lado algunas exigencias propias de Contraloría: no hacer campaña en horario laboral ni usar recursos institucionales para ello.
Por el contrario, decidió enviar el mensaje usando a su equipo de comunicaciones y mediante los canales oficiales de la Seremi de Energía. Y pese a que dicho episodio generó algo de ruido a nivel local, el intendente Martín Arrau optó por mantenerlo en su cargo.
Silencio enigmático
A excepción del senador UDI Víctor Pérez Varela, gran parte del oficialismo optó por guardar reserva sobre el tema.
“Los socialistas de Ñuble toda la vida, cuando han sido Gobierno, han realizado intervencionismo político usando la plataforma del Estado. ¿Con qué moral ahora piden renunciar a la gobernadora de Itata? Ella sólo compartió su opinión desde su casa en forma particular”, salió a decir en defensa de la cuestionada autoridad a través de Twitter.
Mientras tanto, la Gobernación de Itata comprometió una declaración pública durante la jornada que, al cierre de esta publicación, no llegó. Inicialmente, en la intendencia de Ñuble señalaron que el asunto quedaría en poder de la Seremi de Gobierno.
No obstante, el asunto tomó un revuelo inesperado. A tal nivel que ahora el tema está en manos del Ministerio del Interior, en Santiago. Que hasta ahora también han mantenido silencio.
