El abogado, Mauricio Paguéguy, quien representa a más de 300 víctimas en las causas que se iniciaron por el incendio en el vertedero Santa Marta, acusó que la actual diputada, Camila Musante Müller, se ha dedicado a torpedear el proceso.
Consecuencia del incendio registrado en enero de 2016, y tras demandas presentadas por vecinos de Talagante y San Bernardo, el 2º Tribunal Ambiental de Santiago falló en contra del Consorcio Santa Marta, confirmando que hubo daño ambiental. Sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema.
Sin embargo, las víctimas han tenido que solicitar -vía ejecutiva- el cumplimiento de la resolución judicial.
En paralelo, el Ministerio Público lleva adelante sendas investigaciones penales en contra del directorio de la compañía, estando el presidente de la firma y dos altos gerentes formalizados por la situación.
En diálogo con la Unidad de Investigación de BioBioChile, el abogado ambientalista criticó el accionar de Musante. Esto, luego de que -tal como informara este medio, la congresista independiente anunciara su patrocinio a una nueva acción legal contra el consorcio.
El profesional aseguró que pese a renunciar al único patrocinio que tenía en la causa tres días antes de asumir como parlamentaria, continúa interfiriendo en el proceso ambiental ahora comunicacionalmente.
“Una cosa es que no lo haga del punto de vista judicial, formalmente, pero sí lo está haciendo desde la Cámara e incluso está citando a las autoridades ambientales a una serie de pronunciamientos que además, se contraponen con lo que ordenó el fallo”, explica el jurista.
Paguéguy afirma la diputada intenta e intentó obtener réditos políticos con su anuncio, añadiendo además que desde su cargo actual está presionando a instituciones que, por decisión de la justicia, no necesariamente deben intervenir en este momento.
“El fallo del juicio civil ordenó cosas que dejó encargada en forma exclusiva a la Superintendencia del Medio Ambiente y no al Servicio de Evaluación Ambiental (…) tenemos hoy día a una diputada que en el fondo quiere o pretende un accionar contrario a lo que está ordenado por los propios tribunales, con respecto a un juicio que no ha participado”, recalca el profesional.
Sus declaraciones, comenta Paguéguy, se enmarcan en una petición que le hicieron sus representados para que “hiciera la aclaración de que la diputada no representa más que a una sola persona”.
Así, indicó que “la diputada vio aquí una posibilidad de meterse en su campaña previa… no le resultó y hoy día cree que con esto va a lograr adhesión. Lo que no sabe es que como diputada tiene una prohibición: el Artículo 60 de la Constitución es claro y señala que ‘los diputados tienen prohibición de participar en cualquier clase de juicio"”.
En esa línea, sostuvo que “lo que está haciendo es aprovecharse ni más ni menos de lo que ella estima o cree que es un caudal político asociado a que captura adhesiones (…) Aquí estamos hablando de ecosistema, daño y contaminación a los cursos de agua, estamos hablando de una situación delicada. Esto no es jugarreta”.
“Ella no respetó nada, ella siempre estuvo torpedeando y bombardeando el quehacer de todos los litigantes. De las 300 personas que representamos”, sentenció.
Diputada se defiende
Consultada al respecto, la diputada emitió una declaración en la que señala que decidieron patrocinar la demanda por petición directa de la comunidad afectada que tomó contacto con ella a través de un dirigente local de nombre Andrés Zöllner.
“(…) En palabras de la comunidad, (la contactaron) producto de la desconfianza que le generaban las prácticas de algunos abogados de la zona, muchos de los cuales suelen pactar con empresas privadas para obtener beneficios particulares, dejando de lado su compromiso con las víctimas. De hecho, por razones que hasta el día de hoy la comunidad desconoce, se dejaron pasar los plazos para solicitar el cumplimiento de la sentencia en esta causa”, remarca la parlamentaria.
En la misma línea, enfatizó en que no titubeará “ni un segundo a la hora de ejercer mis facultades fiscalizadoras y de representación ciudadana para proteger a las comunidades afectadas de mi distrito, le duela a quien le duela, pues para ello fui electa popularmente”.
Al cierre, señaló que “es urgente un modelo de gestión de residuos que garantice el cuidado y la protección de nuestro medio y de quienes lo habitan por sobre cualquier interés individual. La postergación de una solución completa, justa y sustentable no debe pagarla la comunidad. Por ello, exigimos justicia y reparación ambiental, ahora”.
