Fotografía: Archivo | Agencia UNO

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  • El fiscal de Talagante, Heriberto Reyes, formalizará a tres actuales directores del Consorcio Santa Marta y dos exmiembros del ampliado por el delito de daño ambiental. Lo anterior, luego de acreditar que la firma, a través de descargas ilegales de líquidos percolados que produce el relleno sanitario, contaminó el estero El Gato en la zona de Talagante.

    En el documento, Reyes imputa el ilícito al actual presidente de la instancia Guillermo Ruiz Pérez y sus colegas Giorgio Benucci Torrealba y Andrés Ruiz-Tagle García-Huidobro.

    Al mismo tiempo, incluye a Gustavo Silva Cabello y Juan Eduardo Irarrázaval, quienes ocuparon el mismo cargo al momento del siniestro. Con esto se marca un precedente al decidir la Fiscalía de imputar cargos en particular al directorio como tal.

    “La comunicación de cargos representa un hecho histórico que marcará un antes y un después respecto de la responsabilidad que recae sobre la máxima autoridad societaria de la empresa, ante cualquier accidente medioambiental que derive de sus operaciones”, aseguró el abogado querellante Mauricio Paguéguy. Este último, durante los últimos cuatro años ha mantenido un duro litigio con la firma, con miras a que la justicia la sancione.

    El fiscal Reyes, explicó que a raíz de la indagatoria por el incendio acaecido en 2016, se detectaron descargas ilegales “al estero El Gato”.

    “Se decretaron diligencias y se verificó que existía un ducto clandestino para hacer descargas del exceso de líquidos percolados que no eran capaces de tratar en la planta (…) los delitos se siguen cometiendo hasta hoy”, indicó.

    La decisión de la fiscalía, confirmó el propio Reyes, es una deriva de la causa que aún permanece abierta, respecto del incendio ocurrido en 2016 en el basural y donde se encuentran formalizados otros ejecutivos.

    Hay que recordar que a raíz del siniestro tanto el Tribunal Ambiental de Santiago y luego la Corte Suprema acreditaron serias anomalías de Santa Marta, como también una severa contaminación.

    El consorcio ha intentado ante la autoridad del ramo extender el período de funcionamiento del basural, pero el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó la solicitud.

    ¿No saber?

    A juicio del abogado Paguéguy, las razones que explican la formalización del directorio se basa, por una parte, en que la máxima autoridad de la sociedad anónima tiene el control de la empresa y las decisiones de cualquier tipo que incidan en sus operaciones, analizan en las reuniones que realizan.

    “El directorio no puede menos que saber o estar en conocimiento de que tiene, y esto lo reconocieron en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el incendio en Santa Marta en 2016, una serie de deficiencias en las operaciones”, apuntó.

    Indicó que junto a lo anterior, “están los planes de cumplimmiento, que son las inversiones que deben hacer”.

    “Luego llegaron las condenas del tribunal ambiental confirmadas después por la suprema. Y ellos, en cumplimiento de la sentencia, debían reparar el daño ambiental. Y ello no ha ocurrido”, dijo.

    Agregó que actualmente, “Santa Marta no tiene sistema de tratamiento terciario, no tiene resoluciones de calificación ambiental, nada. Además cómo el directorio no va a saber nada si han asistido a las reuniones donde se han impuesto de todo”.

    Más aún

    Esta no es la primera imputación judicial en contra de Santa Marta. En diciembre de 2019 el fiscal Reyes formalizó por el mismo delito al gerente general Rodolfo Bernstein y a su par de operaciones Richard Oyarce Gálvez, junto a los jefes de forestación y riego, Alfonso Rojas Lefort y Cristian Galvez Miranda, respectivamente.

    El caso continúa en plena tramitación y se encuentra con diligencias pendientes.

    Día “D”

    El 15 de enero de 2016 pasadas las 18:30 se produjo un desprendimiento de 500 mil toneladas de residuos que traspasaron el muro de contención y que solo a confluencia de dos quebradas (El Boldal y El Aguilar) evitó que llegaran hasta las casas contiguas al relleno sanitario.

    Mientras Santa Marta intentaba reparar el daño, los gases internos provocaron un incendio la tarde del lunes 18 del mismo mes, precisamente en la zona sepultada por la basura.

    Al día siguiente, Santiago amaneció cubierto por una densa nube de humo y se convocó a un comité de emergencia para evaluar los alcances de la contaminación. Acto seguido, los recintos de salud adyacentes debieron atender a cientos de personas que presentaban deficiencias respiratorias.

    Luego de un arduo trabajo de Bomberos el fuego fue controlado recién el 22 de enero, atendidas las dificultades de acceso al lugar.

    Por esta razón, el abogado Mauricio Paguéguy presentó una demanda ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago que culminó con una sentencia en mayo de 2018, donde estableció graves infracciones a las normativas, las que fueron confirmadas por la Corte Suprema al año siguiente.

    Este hecho permitió dar fuerza a la convicción del Ministerio Público sobre la responsabilidad de los mencionados gerentes de la compañía y sus directores y derivó en su formalización después de 3 años y 8 meses de ocurrido el siniestro.

    El 30 de abril pasado, en tanto, Paguéguy hizo lo propio pero en contra de los miembros del directorio que serán imputados en fecha próxima.

    El actual presidente del ampliado societario, Guillermo Ruiz Pérez es cercano a la UDI y al extimonel de la colectividad, Pablo Longueira. Su actividad empresarial está ligada al mundo de las sanitarias, como también a la propiedad de las Termas de Chillán.

    Gustavo Silva Cabello, entre otras actividades, fue tesorero del PPD y se vio involucrado en esa calidad, en la investigación que sustanció la fiscalía, por los aportes ilegales a los partidos políticos por parte de Soquimich (SQM).

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