El ministro Mario Carroza inició una investigación por lo que hasta ahora se conoce como un supuesto atentado incendiario realizado en 1989.
Posterior a ese hecho, se abrió una investigación por la presunta quema de archivos en formato de microfilms de la CNI, los que respecto a los últimos antecedentes, mantenían información importante sobre el expresidente Eduardo Frei Montalva y datos clave sobre causas de derechos humanos.
Lo anterior generó diversas reacciones, debido a que se citó a declarar a exmilitares que habrían participado en la quema.
En entrevista con Expreso Bío Bío, el abogado e integrante de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos Luciano Fouillioux, sostuvo que son querellantes en la causa del expresidente y aclaró que “la hemos seguido hace muchos años, hay varios querellantes. Somos cuatro partes que estamos litigando con los seis imputados (…) Es una investigación que ha costado mucho avanzar“.
Para el abogado, actualmente hay confirmación por parte del Ejército sobre la quema de los documentos señalados. “Fueron incinerados con conocimiento del mando de la época y en el contexto del desarrollo de la Mesa de Diálogo. Esas conductas desde el punto de vista procesal, figuran bajo los estándares del encubrimiento“, dijo.
A su vez, el profesional indicó que lo ocurrido con Frei Montalva es un “hecho de lesa humanidad y como es de lesa humanidad no prescribe (…) Las instituciones armadas una de las características es que son estratégicas, todas tienen respaldo y nada se hace a la suerte“.
Consultado por los protocolos del Ejército en base al caso, el abogado explicó que “al no ser parte del organigrama funcional del Ejército, lo hace más grave porque es como que un organismo no existe pero lo componen funcionarios público, todo público y presupuesto, pero no existe. En definitiva se trata de un viejo y romántico argumento”.
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