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Más de 10 años de cárcel arriesga gendarme formalizado por cohecho y tráfico de drogas

Contexto | Archivo | Agencia Uno
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Sobre 10 años de cárcel arriesga el funcionario de gendarmería formalizado por cohecho y tráfico de drogas, quien está imputado por ingresar sustancias prohibidas, como cocaína, a la Cárcel de Alta Seguridad.

La Fiscalía Centro Norte, que lo imputó además por tráfico de armas, calificó los hechos como especialmente graves, ya que el centro penitenciario está diseñado con estándares de seguridad superiores al de otros recintos.

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Tras cinco meses de pesquisas, del uso de interceptaciones telefónicas, seguimientos y otras pericias, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Carolina Suazo, determinó que el funcionario de gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad, Manuel Alejandro Bustamente, recibió casi $2 millones de pesos en coimas por parte de internos para traficar e ingresar sustancias prohibidas en el recinto penitenciario.

Se estableció en la investigación -que tuvo una duración de más de cinco meses- que pese a las medidas de seguridad en el recinto carcelario, el funcionario logró internar droga del tipo marihuana y cocaína, detalles que se dieron a conocer en la audiencia de formalización realizada en el Centro de Justicia.

Dentro de la cárcel y previa coordinación con los internos Javier Barrios y Alejandro Martínez, junto a familiares, se organizaron para concretar estas acciones ilícitas.

La fiscal Suazo señaló que estos hechos son especialmente graves porque se ingresó droga en un recinto penitenciario diseñado específicamente para contar con medidas de seguridad superiores a otros recintos.

Pero no sólo se formalizó al funcionario de gendarmería por estos ilícitos e ingreso de sustancias prohibidas, sino que también por tráfico de armas.

Suazo recalcó este punto, puesto que se hizo a través de un familiar de un interno de la cárcel donde fue el propio funcionario de gendarmería que adquirió un revolver marca Taurus calibre 38.

El funcionario le habría borrado el código y posteriormente entregó a un familiar de uno de los internos que ecibía droga al interior de la cárcel.

El tribunal de primera instancia decretó la prisión preventiva para el funcionario de Gendarmería y también para los co imputados Ruth Esther Ogaz Osorio y Edmundo Francisco Lecaro Carreño.

Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
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