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Gobierno hizo millonario desembolso por proyecto que aún no se ha ejecutado en Lota

Gobierno Regional del Bío Bío
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Un millonario proyecto destinado para la comuna de Lota, y financiado por el Gobierno Regional, se pagó en más de un 60% sin que, hasta el momento, las obras hayan sido ejecutadas.

El consejero regional Luis Santibañez (UDI) llegó hasta la Contraloría por una supuesta malversación de fondos públicos.

Santibañez solicitó la intervención del órgano fiscalizador frente a la presuntas irregularidades en el Proyecto de Reposición de Aceras y Moviliario del Eje Cívico de Lota, obras financiadas por el Gobierno Regional por un total de 602 millones de pesos, que hasta hoy no se han ejecutado.

Esta es la cronología: el Gobierno Regional aprobó estos recursos y la Municipalidad de Lota visó la emisión de facturas a la empresa constructora Cid y Gutiérrez Ltda., entidad que se adjudicó este proyecto.

Esta empresa, con las facturas visadas por la municipalidad solicitó recursos a un factoring sin concluir las obras, y que finalmente demando al Gobierno Regional por el no pago de estos mas de 600 millones de pesos, juicio que hoy está en curso y siendo revisado por la Corte Suprema.

Para Santibañez esta operación es “muy extraña” y exigió explicaciones tanto a la Municipalidad de Lota como al Gobierno Regional, ya que aseguró que aquí no se están protegiendo los recursos públicos.

Sin embargo, el intendente subrogante del Bío Bío, Enrique Inostroza, descartó que exista negligencia y aseguró que ya se han tomado todas las acciones legales correspondientes. Agregó que están a la espera de la resolución del máximo tribunal.

Mientras que el alcalde de Lota, Patricio Marchant, reconoció que se entregaron dineros por un trabajo que derechamente no se realizó e informó que ya se ordenó un sumario interno.

Recordemos que la empresa a cargo de estas obras es la misma a la que prestaba servicios contables Orlando Salazar, exjefe de Finanzas del DAEM de Lota, quien en mayo del 2015 fue imputado por delitos de fraude al fisco, con el mismo “modus operandi”. Es decir, facturas visadas por el municipio, cobrando dinero a un factoring y -con la misma factura- al municipio. Se debe consignar que por ese caso la oficina del propio alcalde fue allanada en noviembre pasado.

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