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Los hechos que han envuelto al municipio de Lota en eventuales delitos de corrupción

Archivo | RBB
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Sin duda la Municipalidad de Lota es una de las más cuestionadas producto de los confusos incidentes en los que se ha visto envuelta, tanto su alcalde como algunos funcionarios de confianza.

Revisa a continuación una cronología de los hechos que han golpeado al municipio y que mantienen en pie una investigación por presuntos casos de corrupción.

El pasado 25 de noviembre fueron allanadas las oficinas de la Municipalidad de Lota, junto al Departamento de Educación y Secplan, registrándose, además, los domicilios del alcalde Patricio Marchant, su chofer personal y su secretaria. También se ingresó al domicilio de Patricio Ruminot, ex jefe Secplan de Lota, en la ciudad de Temuco.

En la actualidad gran parte de ellos se encuentran en calidad de imputados tras la investigación desformalizada que lleva adelante el fiscal jefe de Coronel-Lota, Carlos Palma Guerra.

Las primeras horas de aquel 25 de noviembre fueron de incertidumbre, pues ni el fiscal jefe, ni desde el municipio se referían a las diligencias realizadas por la Bridec, Bipe, Lacrim, Cibercrimen de Santiago y Bricrim de Lota.

Transcurridas las horas, las primeras palabras del propio alcalde Marchant apuntaban a que el allanamiento se realizó en el marco de una denuncia realizada por el municipio en contra de Orlando Salazar, ex jefe de finanzas del DAEM, por fraude al Fisco en mayo de 2015 y por un monto superior a $300 millones que, según Marchant, sería una diligencia normal de la investigación contra Salazar.

No obstante, asegurando que era a Salazar a quien investigaban, confesó desconocer el trasfondo de la sorpresiva diligencia.

Sin embargo, en un comunicado emanado por la Fiscalía, el Ministerio Público aseguró que los allanamientos eran resultado de “eventuales delitos de corrupción”.

Como dato relevante, se debe acotar que Salazar prestaba servicios como asesor contable a “Comercial Cid y Gutiérrez Ltda. (MOVIOBRAS), mientras trabajaba en el departamento de educación. Esta empresa se adjudicó más de 2 mil millones de pesos desde el terremoto a la fecha en proyectos en Lota.

A Orlando Salazar se le cuestionan pagos realizados a Moviobras por trabajos en la escuela Ángel de Peredo y otros servicios viales, ello por montos cercanos a los $700 millones de pesos.

Por su parte Moviobras habría cobrado facturas en forma irregular, al hacerlo a través de empresas Factoring y directamente con el municipio. De esta forma, Orlando Salazar -desde Moviobras- habría cobrado el dinero a Factoring y, con la misma factura, al municipio. O sea, doble pago.

Pues bien, cuando la empresa Factoring acudió a cobrar los pagos a la entidad edilicia de Lota, ésta no los canceló. Por lo tanto Factoring acudió a la Contraloría realizando la denuncia correspondiente, adjuntando una carta con los antecedentes con fecha 16 de abril del 2014.

Esto terminó con la resolución de la justicia obligando al municipio de Lota a pagar una suma cercana a los $124 millones de pesos, incluyendo en esta cifra la deuda real más $13 millones por concepto de morosidad, indicando aademás – a modo de sugerencia – que comience un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de la irregularidad.

Indicación que la municipalidad pasó por alto. Y así lo demuestra el oficio fechado el 04 de septiembre del 2014, donde la Ilustre Municipalidad de Lota informa a Contraloría del Bío Bío que “reconoce la deuda con la empresa Factoring pero que ésta se encuentra solucionada y que se pactó en 3 pagos”.

Cuotas que no se habrían pagado en las fechas estipuladas. Sin embargo, en la cuenta de la empresa Factoring se registra un abono millonario por la deuda municipal. Abono que realizaría un particular, dejando a la vista una nueva irregularidad, al ser otro ente el que paga parte de la deuda.

Luego, con fecha 10 de septiembre del mismo año, la entidad edilica inicia un sumario en el DAEM, para determinar las responsabilidades de Salazar en este caso y de quienes resulten responsables. Pasaron los meses y del sumario nada se sabía.

Mención aparte merece el artículo 175 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la “Obligación de denunciar cualquier tipo de ilícito que tome conocimiento un funcionario público”. Artículo que no fue considerado por los funcionarios municipales que están involucrados en esta investigación.

El día 24 de noviembre de 2014 la Contraloría General solicitó un informe al municipio sobre el estado de avance del sumario y del estado del pago de la deuda, instruyendo además, se realice una querella contra Salazar y la empresa Moviobras.

Informe que fue emitido desde la municipalidad el día 9 de diciembre del mismo año, dirigido a Ramiro Mendoza, contralor general de la república de la época. El resultado de ese sumario, a cargo del abogado municipal Raúl Bustos, determina, extrañamente, responsabilidades solo a Orlando Salazar.

Razón por la cual, el 7 de mayo del 2015 es desvinculado del municipio para luego ser querellado el 25 del mismo mes por parte del alcalde Patricio Marchant en el Juzgado de Garantía de Lota. Querella que no nace de la voluntad municipal, sino por orden del tribunal.

Aquí nace una nueva arista de investigación, dirigida a determinar los vínculos entre Orlando Salazar, ex jefe de finanzas del DAEM; Patricio Ruminot, ex jefe de Secplan, ademas del propio jefe comunal Patricio Marchant y de otros funcionarios municipales con la empresa Moviobras. Nexos que serían vitales en la adjudicación de obras de construcción y reparación de diversos proyectos en la comuna, y en los cuales la empresa citada ha sido extrañamente en varios de ellos la única oferente.

Según fuentes de La Radio, éstos serían los reales motivos de los allanamientos realizados el 25 de noviembre a las diferentes dependencias municipales y a los domicilios del alcalde y otros funcionarios nombrados al inicio de esta nota.
Los delitos que se persiguen serían los de fraude al fisco, malversación de fondos y sobretodo posible “sobrevaloración de precios de los proyectos”, además del pago de posibles coimas por parte de la empresa cuestionada para la adjudicación de proyectos.

Sin duda este es uno de los casos que mas preocupa a la comunidad lotina y a los políticos de la zona, y que abre una gran interrogante, ya que más allá de los resultados que arroje esta investigación, la gran parte de estos proyectos son ejecutados con dineros que provienen de las arcas fiscales; osea, de todos los chilenos.

Pero entonces, ¿quién fiscaliza que los montos otorgados sean coherentes con la magnitud de los proyectos que se aprueban? ¿O solo basta con anunciar la danza de millones?

Proyectos que en el papel pueden parecer perfectos, pero que en la vida, son solo un sueño.

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