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Consejo de Defensa del Estado representará al Senado tras demanda de funcionaria ciega

Raúl Zamora | Agencia UNO
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El Consejo de Defensa del Estado asumirá la representación del Senado en caso de la funcionaria ciega que demandó al organismo por discriminación invocando la Ley Zamudio.

En un documento, al cual tuvo acceso Radio Bío Bío, el secretario general del Senado, Mario Labbe Araneda, niega las acusaciones de discriminación arbitraria por parte del organismo hacia la funcionaria y afirma que desde que la trabajadora ingresó al servicio hasta la actualidad, ha recibido atención en los diversos asuntos que ha planteado y denunciado.

El documento también da cuenta de acusaciones mutuas entre distintas funcionarias por problemas de relaciones personales, por un lado, y de hostigamiento, por otro, lo que dio inicio a un sumario, que fue sobreseído por “no acreditarse faltas administrativas”.

Frente a esta situación, la denunciante, Natalia Ravanales, señaló que la inclusión del CDE en la causa es una muestra inequívoca de que lo que ella afirma es verdad y que ahora hay que esperar que la justicia se pronuncie, porque las pruebas que corroboran que ella fue víctima de discriminación, existen, aseguró.

“Veo difícil que puedan defender lo indefendible, creo que de alguna manera es una muestra de su poder. Habrá que esperar que la justicia entienda y se pronuncie en virtud de las pruebas”, indicó Ravanales.

En el escrito, Labbe desglosa en profundidad las denuncias planteadas por la funcionaria, pero asimismo, desmiente las acusaciones que la trabajadora hizo en el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso, detallando todas las acciones internas que se dictaron tras sus denuncias.

Recordemos que Natalia Ravanales sustenta su demanda en la decisión del Senado de separarla de sus funciones y hacerla trabajar desde su casa y no en los hechos anteriores, ocurridos durante el periodo en que estuvo desempeñando sus labores de telefonista.

Situación abordada en el documento, en el que se detalla que para que esto ocurriera, tendría que dictarse una resolución del caso, redactada por el mismo Labbe; esto porque para el conjunto de las operadoras telefónicas, trabajar desde sus casas es un procedimiento parcial y voluntario.

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