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Gendarmería: más pensiones sobre las 60 UF

Agencia UNO
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Hay más datos para alimentar la polémica generada por los altos montos de algunas pensiones de funcionarios de Gendarmería.

Como en un primer momento se centró el debate en las pensiones de algunos oficiales, en un reportaje de La Radio se señaló que había molestia entre las filas de la institución, porque también suboficiales y personal civil obtenía pensiones de alto monto, superiores a las 60 UF que definió como límite máximo el contralor Jorge Bermúdez.

Entre los casos de profesionales se mencionó el caso de la periodista Ema Myriam Olate Berríos, a quien se aceptó su renuncia voluntaria al cargo de Subdirectora Técnica a contar del 1 de octubre del 2015, y que percibe una pensión de 5.214.799 pesos mensuales. Ella es la esposa del diputado socialista y actual Presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, quien dijo que “está con la pensión que, entiendo, le corresponde en conformidad a las normas legales”.

Eso es cierto. Lo que debe indagarse es cómo logró llegar, en los últimos meses en la institución, a un monto tan alto que se le otorgara una pensión de más de 5 millones de pesos.

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En entrevista con El Mercurio, Olate señaló que “Me parece fantástico tener una pensión así y por supuesto que me da vergüenza, por las pensiones que tienen la mayoría de los chilenos. Me da vergüenza, pero es lo que me tocó”.

Bueno, la pregunta es por qué y cómo le tocó.

Olate trabajó 21 años en Gendarmería. Su última remuneración líquida, correspondiente a septiembre del año pasado, fue de 5 millones 951 mil 549, que incluía un bono trimestral por metas de gestión. En el mes inmediatamente anterior había percibido 3 millones 433 mil 495.

Durante la administración anterior, la de Sebastián Piñera, ganaba alrededor de 1 millón y medio. Instalado el gobierno de la Nueva Mayoría su ascenso en cargo y remuneración fue significativo.

Pero aquí, como en otros casos de la administración pública, hay uno o varios resquicios. El más recurrido es abultar la remuneración de los últimos seis meses, porque con esos sueldos se calcula la pensión. En ese período entonces, se pueden sumar bonos por desempeño, por zona apartada, riesgo, título profesional, manejo de conflicto y lo que se pueda inventar para justificar unos pesos más.

En el caso de Olate, se abultaron los sueldos de algunos de sus últimos meses trabajados por el pago retroactivo de aumentos de sueldos, que quedaron sin pagarse porque Contraloría no había recepcionado el aumento de grado.

Legalmente, según el DFL 2, la pensión de retiro se computa “sobre la base del 100% de la última remuneración imponible de actividad”. Como señala el portal ellibero.cl, por lo mismo un dato clave “elegir muy bien el mes en que se renuncia a la institución”, porque “el citado DFL 2 establece que ‘la pensión de retiro se computará sobre la base del 100% de la última remuneración imponible de actividad’”.

Por eso, agrega ese portal, “Ema Olate renunció a Gendarmería a partir del 1 de octubre de 2015, según la resolución 1477 del 14 de agosto de 2015. Así pudo jubilarse con el sueldo obtenido en septiembre de 2015, que superó los $8 millones 327 mil, casi el doble que los $4 millones 300 mil que recibió en agosto”.

Y esto, porque “los funcionarios públicos aumentan considerablemente sus sueldos durante cuatro meses del año (marzo, junio, septiembre y diciembre) por el pago de bonos especiales de desempeño, conocidos como Programa de Mejoramiento de Gestión”.

De entre los 135 profesionales y funcionarios jubilados el año 2015 en Gendarmería, Miriam Olate es la que obtiene la tercera pensión más alta, con sus 5.241.799 pesos mensuales tras jubilar en grado 3. Sólo es superada por quien fuera Director Nacional, Juan Jaime Letelier Araneda, quien jubiló en grado 1, con una pensión de 5.644.590 pesos mensuales, y el coronel Javier del Carmen Becerra Troncoso, quien jubiló en grado 4 con una pensión de 5.361.358 pesos mensuales.

Entre los jubilados el 2015, detrás de la esposa de Osvaldo Andrade, en cuanto a montos que perciben, se cuentan: el coronel Ricardo Antonio Huerta Gutiérrez, 4.545.558 pesos mensuales; el coronel Ricardo Hernán Quintana Torreblanca, con 4.460.839; el coronel Richard Guztavo Oyarzún González, con 4.069.442, y el coronel Patricio Enrique Olivares Araya, con una pensión de 4.016.370 pesos mensuales.

Aparte de Myriam Olate, en los listados de pensiones de alto monto, hay otra en la que aparece una figura política. Es una pensión del año 2014, otorgada a quien fuera subdirector técnico, Carlos Gastón Manuel Puccio Huidobro, hermano del ex ministro Osvaldo Puccio, militante del Partido Socialista, igual que Olate.

Carlos Puccio falleció, pero su pensión de 4.147.981 pesos mensuales, ahora montepío, lo recibe su viuda, Marisol Gemma Guerra Pulgar.

Entre los jubilados el 2014, la pensión de Puccio ocupa el cuarto lugar en cuanto a montos, superada por la del ex subdirector operativo, Luis Alberto Farías, con 5.494.993 pesos mensuales; el ex subdirector operativo Carlos Eduardo Cortés Barraza, con 5.102058 pesos; el coronel Raúl Ponciano Leal Olguín, con 4.395.286 pesos, y el coronel Claudio Hugo Cerda Olivares, con una pensión de 4.257.834 pesos mensuales.

No es impertinente recordar que abril del año 2009 el 10º Juzgado del Crimen de Santiago sobreseyó temporalmente la investigación en contra del ex ministro vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien fue indagado a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en asesorías realizadas en Gendarmería entre los años 2002 y 2003. Osvaldo Puccio aparecía recibiendo pagos por más de 23 millones de pesos entre esos años.

La denuncia sobre esas asesoría motivó su renuncia, en septiembre de 2008, al cargo de embajador de Chile en España. Otro dato: Osvaldo Puccio, entre el 31 de julio del 2012 y el 19 de agosto del 2013, fue miembro del directorio de Pampa Calichera, una de las empresas de Julio Ponce Lerou, controladora de SQM.

Sobre los privilegios de la esposa de Osvaldo Andrade, los gendarmes reclaman un trato preferencial, al comprar su situación con la ocurrida con la abogada Paula Andrea Espinoza Grandón, que presentó su renuncia cuatro días antes que Olate.

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La pensión de la abogada Espinoza se tramitó normalmente, hasta que la Contraloría negó su derecho a pensionarse por el monto que le habría correspondido. Seguramente, asumiendo la nueva directriz del contralor Bermúdez, que establece el tope de las 60 UF.

La pregunta es porqué en el caso de Espinoza la Contraloría detuvo el trámite mientras que en el de Olate, que seguía el mismo curso y en los mismos tiempos, sí se llegó al feliz puerto de una pensión de más de 5 millones de pesos.

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