“El fiscal nacional -Jorge Abbott- jamás intervino en la decisión de otorgar una suspensión condicional del procedimiento al caso del senador Moreira, esa decisión la adopté yo en mi condición de fiscal regional a cargo de la investigación. Y lo hicimos luego de un proceso de análisis de lo que había sido el fallo que se pronunció sobre el desafuero”, aseguró este martes el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra.
Lo anterior, luego de que las suspicacias sobre la salida alternativa otorgada a Iván Moreira en el caso Penta alcanzaran a Guerra, tras conocerse una nueva reunión privada de Abbott, el 18 de diciembre de 2017, con el entonces senador y jefe de la bancada de la UDI, Hernán Larraín, hoy ministro de Justicia.
Cabe recordar que las conversación entre el fiscal Guerra y la defensa de Moreira se efectuó el 15 de enero, tras lo cual se solicitó la audiencia para la suspensión condicional del procedimiento.
¿Abbott habló con guerra para sugerir una salida alternativa?
A la polémica reunión del fiscal nacional con Larraín, se suma una carta enviada por el hoy ministro y Andrés Allamand -en representación de RN- enviada a Abbot para solicitar que se acelere el proceso y así no afectar el quórum en el Parlamento.
“Ese oficio el fiscal nacional a mí me lo reenvía, pero en ningún caso me instruye, o me sugiere o indica que hacer frente a eso, simplemente me dice ‘ha llegado esta comunicación del Senado y por tratarse de un tema de su incumbencia se le envía’. Nunca me comenta tampoco, y yo nunca tuve conocimiento, de la reunión que tuvo con el senador Larraín, por lo tanto descarto tajantemente algún tipo de influencia de parte del fiscal nacional Jorge Abbott o de algún parlamentario en la decisión de fondo que nosotros tomamos”, aseguró Guerra.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, también descartó presiones y aseguró que nunca hubo una reunión con Guerra. Según dijo, la intención de solicitar celeridad en el proceso era para no modificar los quórums al interior del Senado.
Por su parte el abogado de Moreira recordó que él, antes de estas reuniones, el 6 de diciembre, ya había solicitado celeridad en el proceso, acusando a los fiscales Gajardo y Norambuena de retardar los procesos “manteniendo como rehén al senador suspendido del cargo”, alterando el funcionamiento del Parlamento.
