El pasado 14 de marzo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento de la causa solicitado por la empresa Synapsis, investigada desde el año 2014 por presuntos delitos de propiedad intelectual y apropiación indebida del software experto en Administración y Gestión de Recursos Humanos, AIRH.
Tras dicha determinación, el fiscal a cargo de la indagatoria, César Urzúa, citó a declarar a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) para determinar su participación en la compra de la propiedad intelectual y derechos de autor del mencionado software, a espaldas de su creador, el ingeniero Héctor Alegría.
De acuerdo a la querella contra la empresa, Synapsis habría cambiado el nombre del software protegido por la ley de propiedad intelectual con el propósito de adjudicarse tratos directos con la cartera que encabeza el ministro Heraldo Muñoz y con la DGAC.
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Por dicha razón, según las fuentes consultadas, el fiscal Urzúa citó a declarar a los responsables del uso del software en ambas instituciones públicas.
El mencionado escenario deriva de la investigación del SII a Synapsis–Tivit a raíz de su relación con Saydex, una de las empresas involucradas en el Caso Caval: ambas realizaron negocios por más de 13 millones de dólares, luego que Saydex ganara la licitación como subcontratación de Synapsis en el cuestionado Hospital de Maipú, donde para promover su adjudicación fueron contratados los servicios de Mauricio Valero, en ese entonces socio de Natalia Compagnon.
Asimismo, también es la firma informática que administra el Portal ChileCompra: plataforma de licitaciones del Estado que realizó transacciones por 12.157 millones de dólares sólo en 2015. Los sectores que más transaron ese año fueron salud (32%), gobierno central (28%) y municipalidades (27%).
