Ya está por cumplirse un año desde que el Gobierno fracasó en implementar la gratuidad a través de una glosa presupuestaria, lo que fue catalogado como discriminatorio por el Tribunal Constitucional, al clasificar a los estudiantes por el lugar donde estudian.

Este año, La Moneda busca evitar dar un nuevo paso en falso y se abrió a negociar con la derecha la posibilidad de ampliar las becas Bicentenario a estudiantes de planteles privados, altamente cuestionados por sus fines de lucro.

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Tratativas que no fueron bien vistas por sectores del oficialismo. El senador del PPD, Jaime Quintana, dijo no estar disponible “para blanquear al grupo Laureate”, corporación que reconoció abiertamente lucrar con la prestación de servicios educacionales al entrar a la bolsa en Estados Unidos y que en Chile es propietaria de las universidades Andrés Bello y Las Américas, entre otras.

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, se mostró crítico con los dichos del senador.

“Si el señor Quintana tiene un problema con los estudiantes de la Universidad Andrés Bello, que vaya y se los diga. Yo no tengno ningún problema con las familias chilenas que se han sacado la cresta por sus hijos y sus familias, que llevaron a sus hijos a una escuela subvencionada y que hoy están felices en una universidad privada”, dijo en un punto de prensa.

Agregó que “lo que le importa a esas familias es la calidad de la educación y no si tiene el rut del Estado o no”.

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Bellolio resaltó que “no existen universidades que lucran, porque ellas tienen que estar constituidas como sin fines de lucro. Si hay una universidad que hace trampa porque triangula, porque hace cuestiones que no están acordes con la ley, tiene que iniciarse un proceso de investigación. Lo que le gobierno tiene que dejar de lado es sacarse sus anteojeras ideológicas y mirar cuál es la calidad de la educación”.

El detalle de las negociaciones

En la misma línea, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, comentó las conversaciones con el Gobierno para “desentrampar” el avance de la ley de presupuestos.

Explicó que “en materia de becas se trata de terminar con una discrmimnación injusta y absurda. Si alguien estudia derecho en la Universidad de Chile, tiene una beca de 3 millones o más. Si estudia en la U. Diego Portales, tiene apenas una beca de $1.150.000“.

“En materia de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) (…) vamos a lograr que Inacap y Duoc puedan ingresar a la gratuidad y aquellos planteles que tengan 4 años de acreditación, que no entren a la gratuidad, tendrán una beca de $900 mil”.

“En el caso de los CFT e IP que tienen entre 2 y 3 años de acreditación, que no alcanzan a la gratuidad, todos van a tener una beca de 850 mil”, detalló.

“Hemos logrado que prevalezca la igualdad de trato para estudiantes que tienen la misma vulnerabilidad”, concluyó.

La ley de presupuestos 2017 deberá enfrentar ahora su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, luego de lo cual podría dirimirse en una Comisión Mixta.