Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó -por 72 votos a favor y 1 abstención- el informe de la Comisión especial que investiga las responsabilidades por el fraude fiscal ocurrido en el Ejército con recursos de la Ley Reservada del Cobre. Entre sus recomendaciones se encuentra la derogación de esta ley.
El informe del caso conocido como “Milicogate”, acusa a la Contraloría General de la República de falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario.
En relación al Ministerio de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad en la cartera. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control y se asigna responsabilidad a los Subsecretarios de FF.AA.
Además, se observa que los ministros, en el período de competencia de esta Comisión, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.
La Comisión también asignó responsabilidades al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. “No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos”, precisa.
Se establece que la Contraloría General del Ejército (COTRAE) no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela.
A su vez, se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejército haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la Institución.
El texto hace también mención al Consejo Superior de la Defensa Nacional, al Banco Central, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Casinos, la Unidad de Análisis Financiero y Codelco.
Recomendaciones
El informe recomienda la derogación de la Ley Reservada del Cobre y se propone establecer un nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. Asimismo, se plantean modificaciones al modelo de transferencia del 10% de Codelco y la utilización del Fondo de Contingencia Estratégica.
Además, se recomienda que todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y fines respectivos.
También, que se potencie la capacidad fiscalizadora del Congreso, que el Ministerio de Defensa fortalezca los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución; y que se especifiquen los Decretos de Inversión asociados a un Proyecto.
Se recomienda de igual manera la actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa, así como lo relativo a la incompatibilidad de exoficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa.
Entre otras múltiples sugerencias, se recomienda que se establezca un Sistema de Prevención de Delitos y de denuncias al interior de las FF.AA y que se implemente un modelo de gestión de riesgo en el Ejército.
El diputado socialista e integrante de la comisión investigadora, Marcelo Schilling, culpó directamente al ex contralor Ramiro Mendoza de negligencia.
El presidente de la comisión investigadora, el diputado DC Jaime Pilowsky, apuntó a la negligencia del Comando de Apoyo a la Fuerza, el CAF, durante el período del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.
En el informe, además, se acusa al Ministerio de Defensa de fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control.
