Los islamistas filipinos de Abu Sayyaf decapitaron a un septuagenario alemán secuestrado el año pasado en el sur de Filipinas, informó este lunes el Grupo de Inteligencia, SITE, especializado en la vigilancia de las páginas de internet islamistas.

“Un video colgado en internet por Abu Sayyaf muestra el asesinato con un cuchillo de Jürgen Kantner”, explicó SITE. Las imágenes parecen confirmar los informes preliminares recibidos por el Gobierno alemán sobre la muerte del rehén.

Abu Sayyaf, acusado de estar detrás de los peores atentados en la historia del archipiélago, había exigido el pago, antes del domingo, de un rescate de 30 millones de pesos (560.000 euros) para liberar a su rehén.

El ejército filipino anunció el 7 de noviembre que había hallado el velero de Jürgen Kantner, a la deriva en el sur del país: A bordo encontraron el cadáver de su compañera, Sabine Merz.

Secuestro en Somalia en 2008

La pareja ya había sido secuestrada en 2008 por piratas somalíes en el golfo de Adén y retenida durante 52 días pero Jürgen Kantner aseguró por aquel entonces que jamás renunciaría a navegar.

Basado en las islas del sur de Filipinas, donde la mayoría de habitantes son musulmanes, Abu Sayyaf juró lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Cobró millones de dólares en rescates de rehenes extranjeros cristianos y los islamistas creen que se trata más de un grupo criminal que de un movimiento ideológico.

Abu Sayyaf ejecutó a dos canadienses, en abril y junio, cuando no se les pagaron los millones de dólares de rescate que pidieron por ellos.

Ramificación extremista

Abu Sayyaf es una ramificación extremista de la insurrección separatista musulmana que dejó más de 100.000 muertos desde los años 1970 en este país del sureste asiático compuesto en su mayoría por fervientes católicos.

Considerado “organización terrorista” por Estados Unidos, el grupo fue fundado a principios de los años 1990 con financiación de la red Al Qaeda.

En 2014, los islamistas de Abu Sayyaf secuestraron a otra pareja alemana en su barco en el sur de Filipinas. Los soltaron seis meses después afirmando haber recibido los 250 millones de pesos (4,6 millones de euros) exigidos.