El 9 de abril pasado, la Contraloría General de la República decidió prorrogar por 15 días hábiles su resolución respecto del proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), cuyo plazo vence esta semana.
El trámite debe concretarse sí o sí luego que el Congreso enviara en octubre al Ejecutivo el oficio promulgatorio de la reforma, con partes que fueron declaradas como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
Se trata en particular de la facultad sancionatoria que se le pretende otorgar al Sernac y que está en manos del contralor Jorge Bermúdez, quien puede rechazarla o tomar razón de ella.
El jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Manuel Monsalve, presionó para que la Contraloría apruebe la iniciativa.
La oposición, incluso, acudió a la Contraloría para solicitar que tome razón del oficio promulgatorio. Misma intención que tiene el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas.
Desde el Gobierno han preferido tomar distancia de la decisión que tomaría la Contraloría durante esta semana. Sin embargo, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y luego que se hiciera la analogía de que el Sernac será un león sin dientes, señaló que “hay que preocuparse porque tenga buenos dientes”.
El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Leopoldo Pérez, fustigó la idea señalando que para sancionar están los tribunales.
Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio también acudió a la Contraloría buscando impedir que tome razón del proyecto como lo despachó el Congreso, mientras el contralor Jorge Bermúdez calificó el proyecto como “delicado” y que se está ante una situación “inédita”.
