Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las entidades que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2017.
Así se desprende del último informe de la UAF, la cual es encargada de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y económico para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y tiene la labor de trabajar junto a la Fiscalía para detectar de forma efectiva este tipo de delitos.
En concreto, el reporte de la entidad señala que de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, 455 fueron emitidos por los bancos (29,0% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (11,03%).
“En junio del año pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados a la UAF deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas. Para determinar cuándo un acto, operación o transacción es sospechosa, los sujetos obligados deben realizar diversos análisis, de acuerdo a sus propios sistemas preventivos”, explicó el director del Servicio, Javier Cruz Tamburrino.
En concreto, en el primer semestre de 2017, la UAF detectó indicios en 82 reportes sospechosos: 36 informadas por los casinos de juego, 27 por los bancos, 10 por las empresas de transferencia de dinero, 3 por las AFP, 3 por las instituciones públicas, 2 por las administradoras generales de fondos y 1 por una empresa de arrendamiento financiero (leasing).
Fiscalización a entidades reportantes
Asimismo, debido a que las entidades deben reportar operaciones sospechosas por ley, la UAF realizó 56 fiscalizaciones en terreno a lo largo del país, para verificar el cumplimiento de la normativa.
Las fiscalizaciones recayeron en 9 notarios, 8 administradoras generales de fondos, 5 casas de cambio, 5 corredores de propiedades, 5 usuarios de zonas francas, 4 administradoras de fondos de inversión, 4 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 3 casinos de juego, 3 empresas de arrendamiento financiero (leasing), 3 empresas de factoraje (factoring), 2 agentes de valores, 2 cooperativas de ahorro y crédito, 1 corredor de bolsa de valores, 1 empresa de transferencia de dinero y 1 entidad facultada para recibir moneda extranjera.
Tras ello, iniciaron 151 procesos sancionatorios por incumplimiento de las obligaciones legales contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF, lo que implica un alza anual de 29,1%.
