No es coincidencia que nos acordemos de la canción Buscando visa para un sueño de Juan Luis Guerra cuando pensamos en las personas migrantes que han llegado a Chile. Especialmente, de quienes provienen de comunidades latinoamericanas empobrecidas que ven en nuestro país una tierra fértil de oportunidades, en la que podrían cumplir sus anhelos hoy estancados.

La mayoría de ellas ha viajado hasta el fin del mundo con la idea de que aquí efectivamente “se quiere al amigo cuando es forastero”, como reza otra popular canción y, por lo mismo, han dejado todo- incluso a su propia familia- con el fin de encontrarse con una nación que les debería respetar sus derechos humanos y abrazarlos sin temor. Así, construiríamos entre todos y todas, una sociedad llena de riqueza multicultural.

Por ello, es comprensible que desde la sociedad civil y comunidades migrantes en Chile se esté recibiendo con preocupación el reciente anuncio presidencial, con el que se dieron a conocer las indicaciones que se propondrán al Congreso para tramitar una Ley de Migraciones que reemplace a la regulación existente, la cual data de 1975.

Desde Amnistía Internacional, compartimos ampliamente estas aprehensiones. En particular, creemos muy lamentable la intención de reformar el sistema de visas actual hacia uno dirigido sólo para “ciertos” grupos societales de también “ciertas” comunidades latinoamericanas, visión marcada por un profundo enfoque utilitarista y de seguridad a la hora de regular la apertura de nuestras fronteras.

Así, sentimos que a contar de apenas dos semanas se le exigirá a haitianos y haitianas una visa consular que- creemos- no sólo fomentará el ingreso por pasos irregulares a Chile, sino que además podría aumentar los alarmantes índices de tráfico humano, grave vulneración que- según ciertos reportes de medios de comunicación- ha sufrido ya algunas personas dominicanas que han llegado al país.

Recordemos que en 2013, durante el primer gobierno del Presidente Piñera, se les comenzó a exigir este trámite también en medio de un “boom” migratorio, y los resultados han sido nefastos: sólo la Fiscalía de Arica, en 2017, promedió tres causas diarias por ingresos de extranjeros en pasos irregulares; mientras que el propio Gobernador Marítimo reconoció- en un medio de circulación nacional, en febrero pasado- que “la gran mayoría son ciudadanos de República Dominicana, los que para ingresar a Chile requieren visa. Ese es el motivo por el que ingresan por un paso no autorizado”.

En 2013 se empezó a exigir visa a los migrantes de República Dominicana y los resultados han sido nefastos
- Daniela Barría

Entonces, ¿acaso no hemos aprendido nada desde 2013? ¿Por qué quisiéramos repetir una experiencia que ha sido probada como un fracaso a la hora de “regular la migración”? En ese sentido, y con la medida de “expulsión expedita” planteada, ¿qué pasará con las vidas de quienes queden a la deriva en alguna frontera chilena?

Adicionalmente, vemos con reparos el establecimiento de tres tipos de visas temporarias para permanecer en Chile, pues responden a un enfoque netamente utilitarista que deja fuera a quienes no cuenten con requisitos propios de las élites de cualquier país: que vengan con un emprendimiento o negocio listo; tengan un posgrado de una de las 200 mejores universidades del mundo o de alguna casa de estudios chilena acreditada.

Lo anterior contraviene el espíritu del mismo proyecto que establece, en su misma propuesta, que “la migración es una expresión de libertad y responde a la búsqueda natural de mejores condiciones de vida”, y no responde al sentido de solidaridad que tenemos tan impregnado como sociedad, con personas que sólo piden una oportunidad de desarrollar sus capacidades en un entorno más idóneo del que se encuentran actualmente.

Por todo, y aún cuando celebramos la intención de establecer una Ley de Migraciones que reemplace el reglamento decretado en dictadura, desde Amnistía Internacional instamos al parlamento que tramitará el proyecto de ley, a revisar cautelosamente los efectos de lo que se propone, pues visualizamos una declaración escrita que dice querer abrir nuestras fronteras hacia una migración “regulada y en orden”, pero que propone medidas que causarán un efecto contrario, potenciando eventualmente el rol despreciable de quienes trafican humanos y que sobrebeneficia a los estratos más privilegiados. Todo esto por encima de los que sueñan con encontrar un futuro mejor, en este país que se jacta de una estabilidad político-económica superior reconocida a nivel internacional.

El efecto migratorio sí, llegó a Chile y los ojos del mundo están por ello en nosotros. Entonces es hora de proyectar la imagen fraterna, solidaria y abierta que tenemos de sí mismos, y así no perpetuar las desigualdades de todo tipo que vivimos hoy; pues una nacionalidad, patrimonio económico, nivel educacional, color de piel o cualquier otro criterio externo al “ser humano”, no puede ser un impedimento para poder cumplir nuestros sueños, cuándo y dónde sea.

Daniela Barría
Coordinadora de Equipo de Migración y Refugio
Amnistía Internacional Chile