Que el Patrimonio Cultural es poco importante en Chile no es algo nuevo. Pero cada capítulo negro en el largo proceso de destrucción del Patrimonio no debe pasar desapercibido.

La Casa de Italia, en Viña del Mar, puede ser la nueva víctima. Las intenciones por protegerla datan de más un decenio, pero en Chile los procesos de protección son lentos, porque, por un lado, se hacen con mucho voluntariado, con mucho esfuerzo de algunas personas, organizaciones sociales e instituciones, y, por otro, las instituciones públicas “funcionan” (al menos eso afirman una y otra vez) pero muy lento. En contrapartida están los intereses especulativos, las inmobiliarias que quieren hacer el máximo dinero, sin importar mucho los “efectos colaterales”.

Los Consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) votaron en forma unánime para declarar la Casa de Italia Monumento Nacional en diciembre de 2016. Así, la casona construida entre 1914 y 1918 por Otto Werner, el dueño de la fábrica Bellavista Oveja Tomé, que luego sería consulado griego para desde 1966 ser sede de la colectividad italiana, fue ampliamente reconocida como un inmueble que reafirma la identidad y la historia de Viña del Mar, siendo ejemplo además de una arquitectura singular que fue referencia desde su construcción.

El punto es que, después de la votación del CMN, la Ministra de Educación (ya que ahí está radicado el CMN) tiene que firmar el decreto para luego ser publicado en el Diario Oficial. Aquí surge la primera pregunta: ¿Por qué se demoraron más de cinco meses en firmar el decreto y publicarlo? Quienes estamos involucrados en estos temas sabemos que las alarmas de las inmobiliarias se prenden cuando se presentan postulaciones de protección ante el CMN y muchas veces corren cuando se votan favorablemente para lograr revertir en los hechos dichas resoluciones. ¿Por qué se demoraron tanto?

Mientras tanto, la inmobiliaria avanzaba rauda para lograr realizar un proyecto inmobiliario que considerara construir dos edificios en el lugar, uno de 22 pisos y otro de 3. Para ello contrataron al abogado Óscar Acuña Poblete, profesional que trabajó en la DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, dependiente del Ministerio de Educación) durante el gobierno de Ricardo Lagos y luego fue Secretario del CMN, desde 2006 a 2011 (Nombrado durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, se mantuvo en el cargo durante el primer año del Gobierno de Sebastián Piñera).

En declaraciones publicadas en El Mercurio, Acuña afirmó: “Me parece que los hechos pusieron en un pie forzado al Mineduc. Se le venía el mundo encima y buscó resolverlo antedatando ese decreto, ya que quedan espacios en la numeración de la oficina de partes.”

La afirmación de Óscar Acuña es grave, tanto si es cierta como si no lo es. Acuña conoce muy bien cómo funciona el CMN, la Dibam y el Ministerio de Educación. Conoce además mucha gente que trabaja en dichas instituciones.

Óscar Acuña, que es representante de la Universidades Privadas en el Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA), es además abogado del “Mall Barón”.

Si bien el actuar de Acuña es legal, parece poco presentable que quien estuviera velando desde el Estado por el Patrimonio Cultural del país, ahora esté en el otro bando, atacando y cuestionando la labor del CMN.