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Condenan a cárcel a ex altos funcionarios argentinos por crímenes en represión de 2001

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Un tribunal argentino condenó a un exsecretario de Seguridad y a un exjefe policial a 4 años y nueves meses y 4 años de cárcel respectivamente, en un juicio por la muerte de cinco manifestantes durante la represión de la rebelión popular que tumbó al expresidente Fernando de la Rúa.

De la Rúa, del ala conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), que ahora integra la alianza del gobierno de Mauricio Macri, había sido sobreseído de estos delitos en noviembre de 2010.

Enrique Mathov, que era número dos del Ministerio de Seguridad, fue sentenciado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas a cuatro años y 9 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años y medio.

En tanto, Rubén Santos, quien era el jefe de la Policía Federal de De la Rúa, quien renunció el 20 de diciembre y pudo salir de la Casa Rosada a bordo de un helicóptero, recibió una condena de cuatro años.

Dos exjefes de la Policía, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, fueron sentenciados a tres años y seis meses y tres años de cárcel respectivamente, mientras que otros cuatro policías recibieron penas de tres años de prisión, Ocho acusados fueron absueltos.

El proceso abordó la muerte de cinco manifestantes y las lesiones de un centenar, ocurridas en los alrededores de la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, durante la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó unas 30 víctimas fatales en todo el país.

Las muertes se produjeron por armas de fuego tras la orden del gobierno de dispersar a millares de personas que reclamaban la renuncia del presidente y de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, frente a la Casa Rosada.

La caída de De la Rúa marcó el punto final de un modelo económico basado en un tipo de cambio fijo de un peso igual a un dólar, privatizaciones y endeudamiento externo, implantado por el expresidente Carlos Saúl Menem y Cavallo, ministro de ambos gobiernos.

Las movilizaciones callejeras contra De la Rúa y una ola de saqueos en las principales ciudades arreciaron en 2001 cuando instrumentó un ajuste con baja de salarios recomendado por el Fondo Monetario Internacional.

Otra medida que enfureció a la clase media fue el bloqueo de más de 70.000 millones de dólares de ahorristas en los bancos, que derivó luego en la transferencia a pesos de las divisas durante el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003).

Durante el juicio que se inició a principios de 2014 fueron escuchados unos 500 testigos. Los fallos pueden ser apelados por lo que se harán efectivos cuando queden firmes.

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