En nuestro país, los partidos Comunista y Socialista expresaron su apoyo a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el contexto del impeachment aprobado en su contra por 55 parlamentarios.

Desde el PC indicaron que a Rousseff se le destituye temporalmente “sobre la base de acusaciones falsas, injustificables en el plano democrático”.

“Solidarizamos con Dilma, de una impecable y larga trayectoria de luchadora social; con su partido, el Partido de los Trabajadores del Brasil; con el Partido Comunista del Brasil; con el pueblo de esa nación hermana que en estas horas se vuelca a las calles para defender a su gobierno y su democracia, tantas veces violentada por dictaduras”, indicaron.

Para el Partido Comunista, “Dilma Rousseff no está involucrada en ninguna de las acusaciones que se han formulado por corrupción. Al contrario, ella promovió diversas investigaciones que involucraron a muchos de los parlamentarios que hoy dirigen el golpe institucional. Esa es una de las razones verdaderas que impulsan este golpe”.

Destacan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos; UNASUR; el Secretario General de la OEA, entre otros, “han considerado totalmente infundado y carente de razones jurídicas este fraudulento proceso”.

Desde el Partido Socialista, en tanto, lamentaron la situación que enfrenta Rousseff, recalcando que se está “contraviniendo el mandato democrático que el pueblo depositó en ella a través del voto soberano y mayoritario de millones de brasileños, constituyendo una situación inédita en la historia política de esa nación y, probablemente, del mundo”.

Indicaron que el proceso “tiene problemas de procedimiento y de fondo, que ponen en duda su legitimidad democrática”.

“Resulta paradójico el contraste entre una presidenta que no ha sido acusada de corrupción, mientras que el expresidente de la Cámara de Diputados -quien lideró el proceso de destitución- haya sido suspendido por actos evidentes de corrupción”, expresó el PS.

Consideran “indispensable que prevalezca el Estado Democrático de derecho”, argumentando que “esto es necesario para todos los países de la región, pero es particularmente indispensable en Brasil por su importancia en América Latina”.