En su artículo 19, numeral ocho, la Constitución Política de Chile asegura a todas las personas el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. Es lo que piden los profesores y los alumnos del Liceo Industrial de Antofagasta, recinto que ha sido evacuado más de 30 veces este año por la presencia de gases como arsénico y ácido sulfhídrico, perjudiciales para la salud.
Incluso, la jornada escolar de la mañana se acortó y comienza cada mediodía extendiéndose hasta las 17:00 horas, porque los fuertes olores se sentían durante la mañana. El consultorio que atendía pacientes del sector fue trasladado a otras dependencias, hace más de dos semanas.
La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, aseguró que la situación es insostenible y llamó a las autoridades nacionales a que se hagan cargo de esta contaminación, cuyo origen se investiga desde el año pasado, sin resultados definitivos.
Los profesores del liceo interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de la ciudad en contra de la autoridad sanitaria pidiendo que se garantice su derecho constitucional.
Pero también el recurso es en contra de la Corporación Municipal de Educación. El jefe del departamento jurídico de la corporación, Jaime Medina, aseguró que como sostenedores del liceo no tienen las facultades para establecer y terminar con la fuente de las emanaciones.
El Colegio Médico regional participará a partir del viernes en la mesa técnica que el Gobierno lleva adelante por esta problemática. Su presidente, Aliro Bolados, aseguró que lo más importante sigue siendo terminar con la fuente contaminante.
Las autoridades no descartan a ninguna de las empresas cercanas como sospechosas de emitir los fuertes gases. Entre ellas se cuentan una planta embotelladora de la CCU, del grupo Luksic, y una planta de tratamiento de aguas servidas, de Sembcorp.
