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Comisión de Educación aprobó proyecto de desmunicipalización tras maratónica jornada

Agencia UNO
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A las 05:00 de este martes terminó la discusión en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados el despacho del proyecto sobre el nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, conocido también como el proyecto de desmunicipalización que traspasa la administración de los establecimientos públicos hacia sistemas locales.

La jornada partió a las 11:30 del lunes en el Congreso, aunque del total de 13 diputados que componen la comisión solo siete estuvieron presentes en toda la instancia. De la oposición, Jaime Bellolio (UDI) fue el único que acompañó la discusión del proyecto. El resto de los parlamentarios de Chile Vamos descansaron en las presentaciones y en la opinión de Bellolio, sin llegar a la instancia parlamentaria.

El proyecto no solo aborda el tema de la desmunicipalización. Por ejemplo, se establecen criterios respecto a la configuración de la figura de los Jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF), que fue uno de los temas más discutidos en la jornada de ayer.

La discusión buscó dirimir si estos establecimientos deben pasar al nuevo sistema local de educación o deben ser parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. La propuesta del Gobierno era que los Jardines VTF formen parte del sistema local de educación, mientras que los parlamentarios de la Nueva Mayoría señalaron que estos debían formar parte de la Junji.

La votación del proyecto tuvo algunos reveses para el Gobierno. Uno de estos fue lo relacionado con la figura del administrador provisional que se había propuesto para los colegios particulares subvencionados o universidades y sistemas de educación superior que estén en crisis. Sin embargo, el Ejecutivo decidió que el administrador provisional no va a ser la figura que asumirá el control de un establecimiento cuando éste tenga dificultades en el desarrollo administrativo o académico.

La diputada de la DC Yasna Provoste criticó fuertemente este punto e indicó que en definitiva estos problemas podrían convertirse en “tierra de nadie”, ya que el proyecto no deja claro quién asume la responsabilidad de conducir un establecimiento público cuando entra en crisis.

“No está claro. O sea, aquí se le puede deber a los profesores, se les puede deber a los asistentes de la educación, y finalmente no va a pasar nada, cuando en el marco de la Ley de Administrador Provisional éstas son faltas graves, y hoy eso no está explícito en este artículo”, lamentó la parlamentaria.

Sin embargo, el presidente de la comisión de Educación y diputado del Partido Radical, Alberto Robles, defendió los parámetros establecidos por el proyecto en torno a la conducción de un establecimiento que entre en alguna situación que derive en problemas académicos o administrativos. Señaló que la iniciativa del Gobierno, que él votó favorablemente, se hace cargo de estas situaciones.

“Que una escuela sea insuficiente en su gestión, eso puede ocurrir. ¿Qué está haciendo el proyecto, y a mí me parece bien? Lo que hace el proyecto es incorporar esa mala gestión a los parámetros públicos. Es decir, con una superintendencia, con una agencia de la calidad, y la probabilidad cierta de que el director de esa escuela, si no cumple, sea removido de su cargo”, precisó.

En los aspectos del proyecto que la ministra de Educación Adriana Delpiano no supo resguardar, y tampoco pudo defender con los votos de su propia coalición, está la indicación que apuntaba a aumentar de un 30% a un 50% la posibilidad de selección por concepto de rendimiento académico y otros méritos en los colegios emblemáticos.

La secretaria de Estado recordó que esto era un compromiso del exministro Nicolás Eyzaguirre con algunos parlamentarios que habían establecidos que en el primer periodo la capacidad de selección por rendimiento académico iba a ser de un 30%, mientras que en una segunda etapa esto se iba a aumentar.

Finalmente el Gobierno perdió este aspecto del Proyecto, y la ministra Delpiano decidió no perseverar en esto. Aclaró ahora que la idea del Ejecutivo es mantener la selección por conceptos académicos en el 30% actual.

“Lo que nosotros hemos hecho es cumplir con un compromiso que tomó el ministro anterior que no estaba por escrito, pero que sí se había hecho y quisimos honrar la palabra. Lo pusimos, lo argumentamos, los parlamentarios lo argumentaron y se perdió el artículo. Yo creo que queda con el 30% que estaba en la Ley de Inclusión, y nos vamos a mantener ahí”.

La diputada comunista Camila Vallejo dijo que plantear la idea de aumentar la selección en el marco del proyecto de fortalecimiento de la educación pública era un retroceso, y que esto ya se había zanjado cuando se discutió el proyecto de fin al lucro, a la gratuidad y a la selección.

“Volvemos a legitimar la discusión de que la educación de calidad es la que incorpora, la que selecciona a estudiantes de alto rendimiento y no porque la escuela logra que todos vayan formándose en igualdad de condiciones con alto nivel de rendimiento. Insisto; no podemos retroceder en el discurso hegemónico de que existe meritocracia y que la calidad depende de la selección, porque eso ya lo debatimos, lo superamos en la discusión anterior”, señaló Camila Vallejo.

Otro punto que también perdió el Gobierno en el marco de la discusión fue la creación de la Dirección de Educación Pública, que englobe a las instancias locales. Al respecto se insistirá en el próximo trámite, cuando el proyecto vaya a la Sala de la Cámara durante la próxima semana.

Ahora, la iniciativa pasa a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde se espera un debate intenso a propósito de la discusión del financiamiento de los colegios públicos. Entre otras cosas, se debe resolver si se va a mantener la subvención por asistencia, si el beneficio será asignado por estudiante o se establecerán criterios mixtos.

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