La Controlaría Regional emitió un dictamen que obliga a la Municipalidad de Los Ángeles a revisar la situación laboral del funcionario Luis Toledo, quien fue acusado de acoso laboral y maltrato psicológico por un grupo de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario en julio pasado.
El informe emanado con fecha 24 de diciembre se estipula que la entidad edilicia debe abrir un proceso sumarial para esclarecer las denuncias realizadas por los presuntos afectados, esto con el fin de determinar si corresponde sancionar al trabajador, situación que debe ser ordenado por el alcalde.
El mismo documento señala que ello aún no ha ocurrido pese a los hechos descritos y los antecedentes analizados.
Junto con lo anterior, se comprobó que los recursos para financiar los honorarios del funcionario acusado son imputados al ítem presupuestario del servicio en programas comunitarios, pese a que el contrato comprende funciones propias de la gestión municipal y vulnera lo dispuesto en la glosa presupuestaria establecida por el Ministerio de Hacienda en 2012.
El ente contralor ordenó al municipio que adopte las medidas que tiendan a regularizar estas situaciones puntuales en fecha no superior al 5 de enero de 2016, lo cual no ha ocurrido.
Desde la municipalidad angelina se indicó que el documento lo recibieron recién esta semana, por lo cual solicitaron un mayor plazo para corregir las observaciones hechas por la Contraloría.
