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Caso Corpesca: Corte de Santiago definirá admisibilidad de solicitud de desafuero de Orpis

Agencia UNO
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La Corte de Apelaciones de Santiago debe definir la admisibilidad de la solicitud de desafuero de la fiscalía contra el senador de la UDI, Jaime Orpis, imputado por delitos de corrupción.

El presidente del tribunal de alzada capitalino, Carlos Gajardo, será el encargado de determinar si se acoge a trámite la solicitud de desafuero contra el parlamentario y si se fija una audiencia de pleno para discutir su inmunidad.

Sin embargo, la defensa de Orpis anunció que impugnará la competencia de esta Corte, ya que plantea que los delitos imputados se habrían registrado en el Congreso y con ello sería la Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deba pronunciarse.

En el escrito de 50 páginas de la fiscalía, para pedir el desafuero de Orpis se cifra en 264 millones 254 mil 120 pesos los pagos que habría recibido desde Corpesca, entre mayo de 2009 y abril de 2013.

Para el abogado querellante en esta causa, Carlos Hidalgo, de la Fundación Ciudadano Inteligente, es evidente que el fiscal nacional Sabas Chahuán solicitará la prisión preventiva del senador de la UDI en una eventual formalización.

Chahuán hace esta petición de desafuero en medio de los cuestionamientos por la oportunidad en que comenzó las conversaciones por salidas alternativas a formalizados en el caso Penta, como los UDI Iván Moreira y Felipe de Mussy.

Consultado el defensor de Orpis, el abogado Carlos Cortéz, si esta acción fue para encubrir maniobras que favorecieron a su candidato a sucederlo, Jorge Abott, el profesional optó por omitir un pronunciamiento.

El miércoles 14 de octubre el Consejo de Defensa del Estado aprobó la presentación de una querella por malversación de caudales públicos contra Orpis, que se haría efectiva esta semana.

Se basa en la última declaración de una de sus ex asesoras, Carolina Gazitúa, que reconoce el mal uso en asignaciones parlamentarias.

La mujer dijo a la fiscal Ximena Chong que desde el 2012 se le contrató en la cámara alta por 2 millones 600 mil pesos mensuales, pero que debía devolver al parlamentario 2 millones de pesos.

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