En libertad y requeridos por ocupar la oficina de una autoridad e impedir su funcionamiento, quedaron trece mapuche de Galvarino, tras ser desalojados desde la Subdirección Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI.
El fiscal del Ministerio Público de turno en Temuco, Italo Ortega, requirió a once hombres y dos mujeres del sector Nilpe de Galvarino por la figura legal ya citada, pidiendo para quienes no tienen antecedentes una pena de 300 días de presidio y una multa de seis Unidades Tributarias Mensuales.
Mientras que para quienes registran antecedentes pidió una pena de 540 días de presidio y el pago de una multa de diez Unidades Tributarias Mensuales.
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Enrique Llanqueo, werkén de la comunidad Nilpe 2, precisó que lo ocurrido sólo refuerza sus planteamientos de exigir la restitución de sus tierras, aclarando que lamentan que el Gobierno no se haya hecho presente cuando murió al interior del fundo Nilpe el comunero José Mauricio Quintriqueo
Todos los comuneros requeridos quedaron citados para una audiencia de procedimiento simplificado para el 30 de septiembre en la Sala Mapuche del Juzgado de Garantía.
Carlos Martínez (RBB)
