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Fiscalía de O’Higgins y SII se reunieron para analizar posible arista tributaria del Caso Caval

Fiscal Luis Toledo | René Meriño | Agencia UNO
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Una posible arista tributaria dentro del Caso Caval tras la venta de terrenos en Machalí estaría analizando la fiscalía de O’Higgins, luego que el fiscal regional Luis Toledo, junto al fiscal jefe de San Fernando, Javier von Bischoffshausen se reuniera con Lucio Martínez, subdirector jurídico subrogante del Servicio de Impuestos Internos.

Según informó el diario El Mercurio, pese a que la investigación en curso está orientada en indagar los delitos de funcionarios públicos por la entrega de información privilegiada, cohecho y negociación incompatible, el fiscal Toledo facilitó diversos antecedentes al SII, por lo que ahora la entidad evaluará si presenta una querella o una denuncia en el marco de una posible arista tributaria.

El matutino indica que la Fiscalía estaría interesada en las declaraciones de impuestos de Caval, principalmente en el año comercial 2012.

Esto ya que dentro de la investigación se detectaron inconsistencias en las declaraciones de renta de Caval según la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. “Se observan inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos, lo cual no es concordante con el ingreso de $1.531 millones, ni el resultado tributario (utilidad), ni el total de pasivos y activos”, consigna.

Según indicó este martes El Mercurio, en 2012 la compañía de Natalia Compagnon y Mauricio Valero asesoró al empresario Gonzalo Vial Concha y también recibió un pago de $170 millones de Saydex para lograr ganar licitaciones de salud.

Además, en la reunión entre los fiscales y el SII sostenida el 11 de junio pasado también se refirieron a la querella interpuesta por Patricio Cordero, ex administrador de Las Condes y Santiago, en contra de Mauricio Valero, por los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil, consigna el periódico.

Mauricio Valero | Raúl Lorca | Agencia UNO

Mauricio Valero | Raúl Lorca | Agencia UNO

En la querella Cordero sostiene que su contador, Roberto Castro, junto con Mauricio Valero, “emitieron y utilizaron facturas de Inversiones y Asesorías Lo Beltrán Limitada -empresa de su propiedad- sin su autorización ni conocimiento, documentos que por cierto no reflejan servicios realmente prestados, con el único objeto de justificar gastos en la contabilidad de Caval”, teniendo lugar éstos desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 7 de marzo de 2014 y por un monto de 160 millones de pesos.

Finalmente, en el encuentro entre el Ministerio Público y el SII se habría aludido a una factura incluida a la cuenta pública del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín.

La factura emitida por “Gestión Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Ltda”, fue por un monto de $300.354.524 para realizar obras de cambio de uso del suelo.

El dueño de la empresa, Isaac Givovich, indicó que este documento fue anulado tras no realizarse la tarea, y ahora se busca determinar si está o no adulterada, y según la carta del síndico a El Mercurio “ante la recepción de una factura de esta empresa, integrantes de mi equipo de trabajo rechazaron el documento, no fue pagado el supuesto honorario y todo fue informado a la Superintendencia de Quiebras”.

Asimismo Givovich (quien es yerno del ex alcalde UDI Joaquín Lavín), también desechó la idea que GES “haya sido contactada por mí o alguien de mi oficina”.

El Mercurio agrega que este documento fue emitido el 1 de julio de 2014, fecha en que Juan Díaz extendió dos boletas de honorarios. En la cuenta del síndico de quiebras sale escrito “boleta N° 53 (de Díaz) reemplaza fact. 92 (de GES)”, consigna.

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