Durante las ultimas semanas fuimos testigos de una huelga de hambre que protagonizaron los ex presos políticos que fueron víctimas de la dictadura. Si bien varios de los huelgusitas depusieron la medida y aceptaron la propuesta del gobierno de establecer una mesa de negociación para llegar a acuerdos respecto a sus demandas, aseguran que seguirán presionando si no hay una solución concreta.
Pero ¿cómo se llegó a esta instancia? ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿Cuáles son las historias que los llevaron a adoptar una medida tan drástica, sobre todo considerando que tienen todos sobre los 60 años de edad, condición que ponía en riesgo mayor su integridad?
Probablemente la respuesta a estas interrogantes no sea tan clara, pero al menos podemos entender en parte el por qué se llegó a esta instancia.
Los informes
Por Francisco Ovalle
El Informe Rettig
Corría el año 1990. Sólo dos años antes el plebiscito de 1988 había puesto término a los 17 años de la dictadura de Pinochet. Eran tantas las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que el presidente de la época, Patricio Aylwin Azócar, determinó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la que se hizo efectiva con el Decreto Supremo N° 355 de 25 de abril de ese año.
El objetivo era claro: intentar el esclarecimiento sobre los graves hechos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera en el país o en el extranjero y determinar si estas últimas tuvieron relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional.
Al cabo de nueve meses de intensa labor, el 8 de febrero de 1991 la comisión entregó a Patricio Aylwin, el informe de su trabajo. En él, se establece la recepción de 3.550 denuncias, de las cuales se consideraron 2.296 como casos calificados según describe la presentación en el sitio oficial de los Derechos Humanos del Gobierno.
Así entonces se supo por primera vez de forma oficial en Chile los resultados de esta Comisión que se conoce como el Informe Rettig en honor a quien presidió el organismo, Raúl Rettig Guissen.
Comisión Valech
“Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente por el país. Con el pasar de los años muchos creyeron que, si bien los malos tratos habían sido comunes contra los prisioneros del régimen militar, la tortura propiamente tal no había sido tan masiva. Sin embargo, quienes habían sido torturados -las más de las veces, también en el silencio- guardaban la memoria, las marcas y las consecuencias de “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que literalmente les habían cambiado o mutilado la vida”.
Con este párrafo se inicia la presentación de lo que fue la Comisión Valech. Una comisión que como lo explican estas líneas, buscaba rescatar los casos de torturas, detenidos y violentados en la dictadura y que por alguna razón habían quedado fuera del primer informe, el Rettig.
En la presentación del documento se relata que en “agosto de 2003, el presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar, dio a conocer la propuesta gubernamental en materia de Derechos Humanos denominada ‘No hay mañana sin ayer’”. Ésta contenía una serie de medidas para “seguir
avanzando en el delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los Derechos Humanos”. Entre estas medidas se estableció la creación de una “comisión que establezca de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas”, la que se concretó el 11 de noviembre de 2003, con el nombre de “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”.
Así nació la denominada Comisión Valech que debe su nombre a quien la presidió, monseñor Sergio Valech, obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago y que había dirigido la Vicaría de la Solidaridad en los últimos años de la dictadura.
El objetivo, investigar, en un plazo de seis meses a contar de esa fecha, quiénes fueron las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y proponer medidas de reparación.
Si bien el decreto de conformación de esta comisión establecía que “cualquier intento de solución del problema de los Derechos Humanos en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones”; que “muchas de esas personas no han sido hasta la fecha reconocidas en su carácter de víctimas de la represión, ni han recibido reparación alguna por parte del Estado”, y que “sólo en la medida que se esclarezca completamente la verdad, se reconozca a sus víctimas y se repare el injusto mal causado, el país podrá avanzar en forma efectiva por el camino de la reconciliación y el reencuentro”; los ex presos políticos que se acogieron a la comisión Valech, dicen que precisamente estas medidas de reparación son las que originaron finalmente el conflicto que los mantuvo en huelga de hambre a gran parte de ellos.
La reparación de la que habló el presidente Ricardo Lagos fue simbólica, y eso derivó en que no fueran ni los mismos montos ni los mismos beneficios entre quienes estaban en el informe Rettig y la comisión Valech. Así lo comenta Arturo Samit, vocero de los huelguistas en Valparaíso.
Esta situación es explicada también por el abogado especialista en Derechos Humanos, Guillermo Kegevic, quien reconoce que los ex presos políticos tienen razón al momento de exigir igualdad en los beneficios.
El legista, además, aclara varios conceptos que es necesario tener en consideración. Por ejemplo, un exonerado político, un torturado, un prisionero o un exiliado; todas estas acciones califican como Violación a los Derechos Humanos.
Un exonerado político es aquel que perdió su trabajo y por ende el pago de imposiciones producto de la dictadura; un prisionero político es quien estuvo privado de libertad por razones políticas relacionadas casi siempre con su oposición al régimen; un torturado es quien recibió apremios y agresiones físicas o psicológicas; un exiliado es a quien se le obligó a salir del país, fue expulsado del territorio también por razones políticas.
Cada una de estas situaciones tuvo una reparación distinta. El problema según, explica Kegevic, es que cuando una victima de la dictadura se acogió a un beneficio por una de estas causales debió renunciar a las otras.
Pero ¿quiénes son los ex presos políticos? ¿Cuáles son sus historias?
Silva y el general Bachelet
Por Felipe Trejo
Tras recorrer las dependencias de la ENAMI, la Fuerza Aérea en Quintero, el Ministerio de Defensa de Santiago, el Estadio Chile, Óscar Silva estuvo en la Academia de Guerra Aérea AGAS 7, donde se encontró con el general Alberto Bachelet,
Óscar Silva es uno de los huelguistas de hambre, él debió recibir un cuidado especial debido a su hipertensión desde el 21 de abril, día en que se unió a la huelga que junto a 6 compañeros mantuvieron en el zócalo del Consejo de la Cultura.
Hipertensión que lo hizo “abandonar esta lucha por unas horas” -según explica- ya que, luego de arrancarse del hospital hasta donde había sido trasladado debido a sufrir una descompensación, continuó con la medida.
Óscar, al igual que la mayoría de sus compañeros, no recuerda mucho de fechas, años ni edad, e incluso no muestra mucho interés en detallar las torturas y agresiones que recibió durante los 4 años en que se encontró detenido bajo la dictadura militar. Sin embargo, al ser consultado por sus experiencias vividas en esa época, puntualiza en cómo el padre de la presidenta Michelle Bachelet murió en sus brazos.
Según relata Silva, ambos fueron torturados de la misma forma y posteriormente llevados a la cárcel publica de Santiago por dos meses antes de que separaran a los civiles de los militares constitucionalistas. En ese lugar y mientras jugaban básquetbol, el padre de la presidenta Michelle Bachelet experimentó un ataque al corazón luego de haber recibido torturas en tres ocasiones, recuerda
“Chico, creo que me muero” fueron las palabras de Alberto Bachelet dirigidas a Silva en vista de la falta de una pastilla que el general depositaba bajo su lengua cada vez que sufría este tipo de abusos.
El peligro que corría Bachelet fue alertado a los miembros de “la guardia”, quienes respondieron de mala manera que los prisioneros ya “habían molestado en tres ocasiones” (refiriéndose a las tres veces que ya habían sido torturados).
Finalmente, recuerda Oscar Silva, las lesiones internas hicieron que el padre de la actual presidenta de la República muriera en sus brazos.
La experiencia vivida con el general Bachelet fue relatada a la propia mandataria, según dice Silva, en una emotiva y privada conversación que sostuvo con ella varios años después en el restaurant “Zamba & Canuta”. En esa reunión estuvieron presentes el senador Ricardo Lagos Weber y el diputado Aldo Cornejo, recuerda.
Hoy Silva se plantea la respuesta entregada por la presidenta Michelle Bachelet en esa oportunidad donde les pidió paciencia; señala que el problema es que hace más de 40 años se ha mantenido esta espera, “mientras asesinos como Contreras y Krashnoff reciben 3 millones de pesos aun estando presos. Los torturadores reciben ese dinero y quienes fuimos torturados recibimos una miseria”.
“Tenemos que hacer una huelga de hambre para que un supuesto gobierno de izquierda responda a derechos que están validados internacionalmente y ante los cuales el mismo Ejecutivo se comprometió a cumplir”, sentencia el manifestante.
Los Antigolpistas
Por Felipe Trejo y Francisco Ovalle
Ricardo Tobar Toledo es miembro de la agrupación que se hizo llamar “Marinos Antigolpistas”, que tuvo sus orígenes tres años antes de que ocurriera el golpe.
Ingresó a la Armada cuando aun era un niño. Era menor de edad, pero aclara que no he preguntado ni le interesa recordar la fecha exacta, como tratando de borrar todo indicio de su paso por la Institución. Ingresó como Gente de Mar.
Tobar afirma que integró la llamada Marina Especial de las FFAA y de los años 70 en adelante, desde que asumió Allende, ya veían “cosas raras”. Esto lo llevó junto a otros marinos a sospechar y luego derechamente a denunciar que se estaba gestando una especie de Golpe de Estado. Las denuncias asegura, evidentemente no fueron acogidas por el mando institucional.
Las primeras luces fueron los tanquetazos, y a pesar de comentarlo con otros uniformados, “no nos creyeron por nuestra ‘menor cuantía’ por la jerarquía ya que eramos sólo ‘Oficial de Mar’ y no ‘ejecutivos’”.
En septiembre de 1970, cuando Allende gana en las urnas, él tenia pensado subir el estándar social a la clase más modesta para que se sintieran más dignos. “Las medidas que habia anunciado Allende respecto a las Fuerzas Armadas: subirle el sueldo a los más ‘motes’ a la gente de mar nos tenia bastante contentos, aun cuando seria paulatino”.
“Nosotros seguimos la Carta Fundamental de 1925 respecto a ser ‘fieles’ con el Presidente. Eso se violó en 1973, ya que en ninguna parte de los reglamentos dice que yo me tengo que preparar para un Golpe de Estado, por eso cuando empezamos a evidenciar los movimientos de oficiales chilenos con oficiales norteamericanos nos dimos cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo.
“Me apresaron en septiembre, me acusaron de ser del MIR. Otros compañeros fueron apresados a partir del 5 y 6 de agosto. Unos pocos fueron echados del país y otros tuvimos que asumir las penas impuestas por la Corte Marcial. Yo tuve que pagar en la cárcel, donde sin querer detallar mayormente lo que viví, te puedo decir que lo más complicado es superar la situación psicológica (pasamos por campo de prisioneros)”
De Silva Palma a la Cárcel, de la Cárcel a Colliguay donde inventaron un campo que se llamó “Melinca” u “Operación X” para despistar a nuestras familias luego de ser secuestrados del Silva Palma.
De ser uniformados de línea y llegar a la cárcel fue la despedida que les hizo la Marina, una despedida sin ceremonias, sin medallas, una despedida llena de torturas; “ellos (los marinos golpistas) se ensañaron con nosotros para después, cuando llegara el Golpe de Estado, estuviéramos preparados”.
“Nosotros estamos exigiendo las justas reparaciones que necesitamos, me echaron de la Marina, pero además me torturaron, lo que pido son mis indemnizaciones como trabajador y por las torturas que recibí y que me afectaron a mi y a mis seres queridos, esto es una agresión transgeneracional”.
“Chile no ha cumplido ninguno de los acuerdos internacionales respecto a los DDHH. Las Fuerzas Armadas se hacen llamar ‘apolíticos’, sin embargo no han aceptado ni reconocido que son fascistas de la derecha más ultra, están del lado de quienes reniegan de un socialismo real para la gente” afirma Tobar.
Los no reconocidos
El abogado de Derechos Humanos, Guillermo Kegevic, reconoce que la situación de ambos informes permitió que el sistema fuera vulnerado, afirmando que existen efectivamente personas que se aprovecharon de la situación y se hicieron pasar por víctimas cuando no lo fueron, pero también aseguró que hay muchos casos de verdaderas víctimas que no ingresaron a ninguna de las dos instancias
La idea afirma el legista es que el Instituto nacional de Derechos Humanos mantenga una inscripción permanente para la investigación de casos que aun, a más de 40 años del Golpe, no han tenido reparación
Dentro de los casos que no están reconocidos ni insertos en estos informes encontramos el de Ema.
La lucha sobre la lucha
Por Danissa Antonucci
A ella le cuesta precisar la fecha exacta de los hechos. Sin embargo, no pierde detalle al relatar lo vivido: duro recuerdo que quizás absorbió un día, una hora, que hoy surgen como meros detalles. Tiene la certeza eso sí, que fue a fines de enero de 1974 -en momentos en que egresaba de cuarto medio- cuando 4 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile llegaron hasta su casa en calle Nuestra Señora del Rosario, en Vitacura, Santiago.
“Preguntaron directamente por Ema Cabezas, pero yo solo fui un chivo expiatorio”, comienza su relato.
Ema, en ese entonces militaba en las juventudes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. Su madre y padrastro pertenecían al Partido Socialista, entorno político – recuerda- que provocó que su casa, tras el golpe de estado de 1973, quedase “quemada”, utilizando un término de la época, razón que determinó el abandono por parte de la familia.
En paralelo, su círculo más cercano estaba integrado por una amiga militante comunista, cuyo pololo, cadete de la FACH, también se había enrolado en estas filas.
Es fines de enero de 1974 y Ema junto a su hermano se dirigen a la abandonada casa en busca de ropa para su madre, a esa altura asilada en la Embajada de Venezuela. Transcurridos solo minutos, se hicieron presente los 4 aviadores.
Por Adriana – su amiga-, por la pareja de ésta y por su madre, preguntaron los uniformados, comenzando con un interrogatorio que terminó en vejámenes, cuyo único testigo fue un niño de 4 años.
Es otro de sus hermanos quien descubre lo sucedido y él que la socorre llevándola a un médico clandestino, profesional que emitió un lapidario diagnóstico: Ema no podría ser madre.
Llega así octubre de 1974 y Costa Rica aparece como país disponible para recibirla. Se va junto a quien se convirtió en su esposo. En el exilio nacen tres hijos: “regalos de la vida”, declara emocionada.
En 1988 decide regresar a Chile y la detiene la Policía de Investigaciones. Ema junto toda a su familia es llevada hasta el cuartel Borgoño, por el vínculo con el hermano que la rescatara en 1974, quien murió siendo guerrillero en la revolución Sandinista en Nicaragua.
“Sí, nos dieron unos combos y patadas, pero nada que se compare a lo que yo había vivido”, relativizando tal vez un nuevo complejo episodio.
Es la historia de Ema Cabezas Torrealba, hoy de 60 años. Es el relato de la única mujer participante de la huelga de hambre que encabezaran ex presos políticos en todo el país. Pura solidaridad porque paradojalmente, no ha visto resarcido el daño, como el resto de sus compañeros en huelga. No es parte de informe alguno, ni del Rettig, ni del Valech.
Ema, integrante de un movimiento de izquierda revolucionario, no tiene recuerdo de un proceso revolucionario armado, más allá de los idealismos. Con la distancia de los años, asegura que la persecución de la época solo era “por pensar distinto, por querer un mundo más justo, más igualitario, en medio de clases sociales muy distintas y marcadas”.
En la actualidad, vive en El Quisco, balneario de la Quinta Región donde aún desarrolla terapias psicológicas y psiquiátricas que le permiten vivir el “día a día” . Su lucha hoy es, como ella misma dice, lograr una Valech para “poder vivir mejor”, aunque aclara que “nadie repara el daño en realidad”.
Hasta el cierre de este reportaje, varios ex presos políticos decidieron deponer la huelga de hambre y aceptar la propuesta del gobierno de instaurar una nueva mesa de trabajo. La huelga de hambre se depuso, pero aseguran que el movimiento seguirá en pie hasta que se les reconozcan sus demandas, o hasta que la muerte ahora sí les gane la batalla.
Escucha la crónica completa realizada por Francisco Ovalle, Danissa Antonucci y Felipe Trejo.
