Un juez mexicano absolvió a cuatro hombres que habían sido acusados de participar en 2008 de un atentado con granadas que dejó ocho muertos y más de 100 heridos en Michoacán (oeste), argumentando que tres de ellos confesaron bajo tortura y que las pruebas fueron fabricadas.

“La acusación se basó fundamentalmente en la confesión de tres de ellos (como autores materiales), respecto de quienes quedó plenamente demostrado, incluso con periciales de la propia Procuraduría General de la República (fiscalía general), que fueron sometidos a actos de tortura”, indica un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Así, “por violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas”, un juez federal en Jalisco (oeste) “dictó sentencia definitiva absolutoria en favor de los cuatro procesados por la totalidad de los delitos que se les imputaba”.

Sin embargo, la fiscalía general aseguró que “interpondrá el recurso de apelación” en contra de esta decisión.

El 15 de septiembre de 2008, dos granadas de fragmentación fueron explotadas durante una verbena popular realizada en el marco de las tradicionales fiestas de independencia de México, en la plaza principal de Morelia, capital de Michoacán, con un saldo de ocho muertos y 106 heridos.

A los pocos días del atentado, tres hombres fueron arrestados en una casa de Apatzingan, otra ciudad de Michoacán, donde las autoridades los encontraron golpeados y esposados.

Un juez los acusó de terrorismo y otros delitos, y poco después se detuvo al cuarto sujeto.

Según las autoridades, los detenidos confesaron ser sicarios del cártel Los Zetas y haber lanzado las dos granadas contra la multitud reunida para “provocar al gobierno”.

Pero el juez que los absolvió “determinó que no se respetaron sus derechos fundamentales, dado que fueron exhibidos ante la opinión pública, e incluso se allegó un video donde son sometidos a una entrevista sin presencia de defensor en la que aceptaron su participación, lo que genera la nulidad de dicha confesión así como de las restantes pruebas que emanaron de la misma”, indicó la CJF.

La institución precisó que se demostró que tres de los cuatro acusados se encontraban en el puerto de Lázaro Cárdenas (Michoacán) -y no en Morelia- el día de los atentados, y que la decisión de absolver al cuarto detenido deriva de que “las pruebas de cargo con las que se le pretendía fincar responsabilidad resultaron ser precisamente aquellas que se nulificaron por ser violatorias de derechos humanos”.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, dijo en un informe que la tortura y los malos tratos se practican de forma “generalizada” en México, un reporte que generó fricciones con el gobierno mexicano.