Un tenso encuentro marcó el primer ”Comité Ampliado para Norma Primaria de Dióxido de Azufre” realizado en Quintero, cita que fue encabezada por el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
En la instancia, la autoridad fue emplazada por miembros de la comunidad, quienes criticaron que nada se ha hecho para remediar la contaminación en la zona.
El “Comité Ampliado para la Norma Primaria de Dióxido de Azufre” se realizó en Quintero con el objeto de informar acerca de los alcances de la nueva normativa.
En el encuentro, Marcelo Mena expuso brevemente sobre las acciones realizadas por el Gobierno para enfrentar la contaminación ambiental en la zona. Tras lo cual fue emplazado por ambientalistas y miembros de la comunidad, quienes sostuvieron que el actuar sería nulo en ese ámbito.
Además, manifestaron desconfianza respecto de las acciones que se ejecutan, entre ellas el “Consejo para la Recuperación Ambiental y Social” (CRAS) que a un año de operar en la zona -argumentaron- nada ha logrado concretar.
Al respecto la autoridad de Medio Ambiente argumentó que hace 20 años que no se hacía un plan de descontaminación en la zona y que hace 40 no existía una norma horaria como la que están presentando, la que es exigente y va en directa protección de la salud de las personas.
A pesar de las explicaciones nadie quedó indiferente a la intervención efectuada por Luz Ponce, vecina de la localidad de Loncura, quien entregó una desgarradora invitación a los presentes.
El Comité Ampliado convocó a media decena de personas de las comunas de Puchuncaví y Quintero, además de autoridades y empresas de la zona, y concluyó con una rueda de preguntas donde también hubo manifestaciones de disconformidad en torno a las respuestas entregadas.
En relación al tema que aborda el encuentro, el subsecretario informó que esta nueva norma de dióxido de azufre -uno de los principales contaminantes producidos por los procesos industriales- sería publicada el próximo año para su entrada en vigencia.
Además, aclaró que lo que se está efectuando es un proceso de participación ciudadana donde se recogen las necesidades de la población, lo que será considerado al momento de definir los alcances de la nueva normativa.
