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Desde políticos hasta asesores comunicacionales y TV: los apuntados por el SII en el caso SQM

Agencia UNO
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Un total de 846 documentos tributarios falsos que suman sobre los 4.340 millones de pesos son los que invocó el Servicio de Impuestos Internos en la nueva denuncia presentada contra Soquimich, acusando a la empresa de rebajar su renta líquida imponible al registrar dicha documentación como gasto en su contabilidad.

La denuncia, que ha gatillado un revuelo en todo el espectro político chileno por la vinculación a personeros de varios partidos, apunta tanto a los representantes legales de SQM y contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos en materia tributaria.

Según la acción presentada por el Servicio, de los 846 documentos emitidos entre los años tributarios 2009 y 2014, 609 corresponden a boletas de honorarios falsas que totalizan 2.145 millones, a las que se suman 237 facturas falsas por 2.202 millones.

La investigación de la Fiscalía apunta a los 172 contribuyentes identificados por el SII, quienes recibieron alrededor de 4.340 millones por trabajos que no contaban con el respaldo debido y se presume que una parte de este monto se destinó a financiar campañas políticas de manera ilegal.

Entre los contribuyentes que identifica el Servicio figuran 74 nombres con nexos en la derecha, y 11 personas cuyos lazos apuntan hacia el actual bloque oficialista.

En el oficialismo, siete personas vinculadas a la Democracia Cristiana y otras tres al Partido Por la Democracia surgen en la nómina. En la oposición, 15 personas tienen nexos con Renovación Nacional y 59 están relacionados con la Unión Demócrata Independiente. 12 personas, en tanto, se las relaciona con el Partido Regionalista de los Independientes.

De las personas que tienen lazos con la DC, el total de los documentos pagados por SQM suma 171,6 millones, consignó Ciper este jueves. Las facturas emitidas por los tres militantes del PPD, en tanto, suman 35 millones.

De estos últimos, destaca el nombre del abogado, presidente del Tribunal Supremo del PPD y funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Marco Moreno, al que se le atribuye un rol fundamental en el impulso de la agenda legislativa del Gobierno.

Moreno, junto a Luis Carracedo Aguayo (ambos militan en el mismo partido), aparece relacionado a Altercom Consultores y Compañía Limitada, indagada por pagos de SQM que bordean los 10 millones.

En la oposición, más de 536 millones aparecen asignados a contribuyentes con vínculos a la UDI, y otros montos que también habrían sido destinados a organizaciones ligadas a dicha tienda, entre las cuales se encuentra la Corporación de Asuntos Públicos, el Centro de Estudios Nueva Minería, cuyo director ejecutivo es el ex diputado Cristián Leay, y Chile Justo, que fundó Pablo Longueira.

Otros nombres que tienen nexos con el ex candidato presidencial de la UDI también figuran en el listado. Loreto Undurraga (esposa del cuñado de Longueira, Francisco José Brinkmann) está en al nómina. Adicionalmente ocupa un lugar en esta lista la periodista Lily Zúñiga, ex jefa de prensa del gremialismo y quien, junto con encabezar las comunicaciones de Pablo Longueira previo a su renuncia a la carrera presidencial, ha asumido el mismo rol para Pablo Zalaquett y la candidatura de Evelyn Matthei a la Moneda.

A ellos se suma el nombre de la nuera de Cristián Leay, Trinidad Subercaseaux Alessandri, con una boleta por 5.5 millones. La ex asesora del Ministerio de Economía bajo la gestión de Pablo Longueira, Karin Grollmus Fritz, también habría emitido una boleta por 3 millones.

En esta misma cartera se desempeñó Alejandro Arias Edwards como asesor de gabinete de Lonqueira, además de ejercer en la Dirección de Obras Portuarias y en Sernapesca en la misma administración. Se indaga por su parte una boleta por 5.5 millones a SQM emitida por él.

Ligado también al caso está el ex asesor de Longueira en la cartera de Economía, Carlos Feres Rebolloedo. Una boleta por 12 millones emitida por su hijo, José Carlos Feres Ducci, se encuentra en la carpeta.

El último nombre ligado a la repartición es el del abogado Gabriel Jiménez Celsi, prestando labores en la anterior administración para la Subsecretaría de Economía.

Augusto Da Fonseca, que fuera entre 2010 y 2013 el asesor comunicacional de la Intendencia Metropolitana (bajo las gestiones de Fernando Echeverría, Cecilia Pérez y Juan Antonio Peribonio) y con otros trabajos ligados a la UDI, aparece recibiendo 6 millones desde la minera no metálica.

Mientras, las sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera, Bancorp y Vox Populi, figuran también con facturas emitidas a SQM.

Desde la primera sociedad subrayaron que la administración -con 15 facturas que suman 318 millones, las que aparecen en la denuncia- pertenece a los hijos del otrora mandatario, sin que este tenga participación en dicha tarea.

La segunda dejó de funcionar en 2010 y su propiedad pertenecía a Bancorp y Bancard. Precisamente desde Bancorp aseguraron que las operaciones desde la sociedad, que elaboraba estudios de opinión y mercado, “se facturaron y contabilizaron de acuerdo a las normas tributarias y la legislación vigente”.

La DC también evalúa los efectos de estas informaciones, luego que se detallara que la empresa Ventus Consulting S.A., de los hermanos Jorge y Sebastián Pizarro Cristi (hijos del recién electo presidente de la falange, Jorge Pizarro) emitió boletas por 45 millones a SQM.

Desde dicha empresa sostuvieron en la noche de este jueves que en 2011 entregaron servicios de consultoría y asesoría comunicacional a Soquimich, “los cuales fueron realizados y facturados bajo las condiciones establecidas en el contrato correspondiente”.

Sin embargo, el monto más alto de los relacionados con la DC son los 123,7 millones que totalizan las boletas entregadas por el hijo del diputado Roberto León Ramírez -Roberto Javier León Araya- a SQM.

Adicionalmente, una sociedad que tiene vínculos con la familia Frei aparece con una factura emitida por 30 millones. Se trata de Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, constituida por Pedro Yaconi (que habría recaudado los fondos para la última campaña presidencial de Eduardo Frei) y Mónica Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle.

Por otra parte Eugenio Tironi, dueño de la consultora estratégica Tironi Asociados, también aparece en el listado. Esto, ya que es uno de los representantes legales de Sur Profesionales Consultores, que emitió cuatro facturas por un total de 20 millones.

A él se suma el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, a través de la sociedad familiar Inversiones La Música Limitada (que desde 2010 se llama Asesorías e Inversiones La Música SpA), con tres boletas por 45 millones.

La empresa Asesorías Cristina Zúñiga Paredes -que emitió boletas falsas para aportes a campañas, y que es indagada en el caso Penta- se consigna en la nómina del Servicio de Impuestos Internos. Dicha firma ha percibido ingresos que superan los 126 millones por asesorías parlamentarias a personeros de la UDI, PS, PPD y la Democracia Cristiana.

Asesoría e Inversiones Lima, empresa donde Cristina Bitar Malik figura como socia directora, se encuentra también entre los contribuyentes apuntados por el SII, con siete facturas que totalizan 185 millones.

La lobbista ya se encuentra siendo indagada por recibir montos que habrían sido destinados a los gastos de la campaña senatorial de Joaquín Lavín hace seis años, por medio de boletas emitidas por María Carolina de la Cerda (cuñada de Pablo Wagner).

12 dirigentes y personeros vinculados al PRI, entre ellos el senador Adolfo Zaldívar (fallecido en enero de 2013), recibieron 329 millones desde SQM. En el caso de Zaldívar, la denuncia expone que recibió 20 millones de pesos.

El periodista y militante del Partido Radical, Ignacio Rojas, que mantiene contrato a honorarios en la Subsecretaría de Economía par labores comunicacionales, figura recibiendo pagos de Soquimich por 6 millones de pesos, siendo el único vinculado a dicha colectividad que aparece en el listado.

Desde el PRO el ex secretario general Cristián Warner también aparece prestando servicios a SQM, aunque Marco Enríquez-Ominami detalló que estos “fueron pagados por mi campaña presidencial a su empresa” y que los documentos con el respaldo fueron presentados al Servel.

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