Por 40 años se mantuvo en el cargo el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, Enrique Vicente Molina, quien dejará su cargo en marzo próximo. Su salida se verá envuelta en la polémica por los casos que lo vinculan a delitos de lesa humanidad, por lo que algunos medios aseguraron que el mismo presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, había solicitado su salida.
El abogado Guillermo Kegevic, quien es parte querellante en la causa que investiga la muerte de quien fuera prefecto de Investigaciones en tiempos de dictadura, Juan Bustos Marchant -proceso donde aparece vinculado el hasta hora jefe del Consejo en Valparaíso-, indicó que con su salida se pondría fin a años de privilegio de Vicente Molina, quien en su calidad podía tener acceso a los expedientes que se presentaban en su contra y emplear los recursos del Consejo de Defensa del Estado.
Kegevic estima que la salida del jefe regional del CDE facilitaría la querella que lleva más de seis años de tramitación en su contra. Ésta, aseguró, toma más fuerza luego que el Servicio Médico Legal y organismos internacionales establecieran que el prefecto fue torturado, desestimando a la vez la tesis del suicidio informada por las autoridades en la época.
En 1974, explicó el abogado, la orden de detención del prefecto de Investigaciones fue firmada por Enrique Vicente Molina, quien en ese entonces ejercía como fiscal naval.
Según consta en el proceso, Bustos Marchant fue recluido en el cuartel de la Policía de Investigaciones de calle Uruguay, acusado de tráfico de armas, mientras cumplía funciones en la Prefectura de Santiago.
El 2 de mayo de 1974 el prefecto murió por una herida de bala en la cabeza, con perforación de cráneo y salida de proyectil.
El abogado querellante y representante de las hijas de Bustos indicó que hoy el proceso está a la espera de la designación de un perito que determine la causa exacta de la muerte del detective. Esto, ya que el sumario en tiempos de dictadura resultó ser errado, planteando la tesis del suicidio sin comprobarla.
Finalmente Kegevic indicó que el Ministerio del Interior se querellará en la causa, información comunicada por el Jefe del Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos, Francisco Ugas Tapia.
