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Gobierno acusa fines políticos en denuncia de la UDI ante Fiscalía por Caso Dávalos

Cristóbal Escobar | Agencia UNO
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El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, afirmó que la denuncia estampada por la UDI en el marco del Caso Dávalos persigue objetivos políticos y no jurídicos.

“Una denuncia genérica, que tiene una finalidad política y que no da cuenta de sólidos fundamentos jurídicos, pero la fiscalía tendrá que hacer su trabajo conforme lo establece la legislación vigente”, indicó el secretario de Estado.

Añadió que “si la UDI se midiera con la misma vara con la cual se mide al Gobierno, prácticamente se quedaría sin dirigentes“.

“Un ex subsecretario de la UDI ha reconocido que ha recibido pagos con boletas falsas; sus parlamentarios han reconocido que han recibido financiamiento irregular para sus campañas”, sentenció el vocero.

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Fiscal Toledo: denuncia no aporta más datos que los ya conocidos

Se trata de “una denuncia genérica respecto de todos los funcionarios públicos que han intervenido en la adquisición de un determinado predio y en el eventual cambio de uso de suelo en un plan regulador intercomunal”, sostuvo el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo.

Dada su complejidad, agregó, se hizo necesario conformar un equipo de fiscales a cargo del caso.

Asimismo, señaló que tras la denuncia se inició “una fase preliminar, con la intención de saber si los hechos investigados constituyen uno o más delitos”. En ese sentido, explicó que la denuncia plantea dos posibles tipos penales: la violación de secreto y el tráfico de influencias en su modalidad de negociación incompatible.

Para dichos delitos, la justicia establece penas de presidio menor en su grado medio además de suspensiones y multas, explicó el fiscal.

Igualmente, Toledo especificó que lo denunciado plantea la eventualidad de que el Seremi de Justicia haya incurrido en una violación de secreto y que Sebastián Dávalos cometiera un eventual tráfico de influencias para beneficiar una sociedad determinada.

Por otro lado, remarcó que la denuncia no aporta más antecedentes que los ya conocidos en la prensa y aclaró que la indagatoria partió recién ayer lunes, no antes.

Hay “múltiples diligencias” por realizar, con antecedentes de una operación o negocio y de las personas que intervienen en ello. En vista de ello, el persecutor sostuvo que no puede hablar de plazos pero sí que la investigación “va a ser acuciosa y agotada con la finalidad de tomar una decisión justa y prudente”.

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